El importe máximo de la subvención a cada una de las nueve diputaciones es de 100.000 euros, como viene siendo habitual desde 2016.

El objetivo es garantizar el suministro de agua potable y dar respuesta inmediata a episodios de desabastecimiento ocasionados por causas sobrevenidas, como falta de caudal, contaminación en las fuentes de suministro o averías en los sistemas de abastecimiento y saneamiento.