Se acabó eludir la justicia poniendo casas prefabricadas, de madera o módulos en las parcelas. Hasta ahora, se empleaba el criterio de que, al no tener cimientos, no podían considerarse como viviendas.
A partir de ahora, los jueces han decidido catalogarlas a todas como construcciones a efectos penales y enjuiciar a sus propietarios por la vía penal, con lo que se enfrentarán a penas de prisión en lugar de una sanción.
La unión hace la fuerza y la unidad de criterios una justicia más sólida. Esta ha podido ser la premisa que ha guiado a los magistrados de la Audiencia Provincial, quienes celebraron ayer un pleno para unificar criterios y doctrinas.
Se trata de zanjar las sentecias contradictorias ante hechos de la misma naturaleza, como puede ser la construcción de una parcela ilegal, y que unas veces acaba en absolución, otras en sentencia condenatoria y, muy raras veces, en una orden de derribo. Para el presidente de la Audiencia, Eduardo Baena,
Pues bien, los magistrados ya tienen las ideas. A partir de ahora, todo vecino que amplíe su construcción ilegal y que suponga una ampliación de la parcelación, aunque se encuentre
Por otro lado, si la edificación se realiza dentro de los terrenos que serán legalizados por el PGOU, «habrá que examinar cada caso concreto», según Baena, quien matiza que, en cualquier caso, las obras dentro de parcelaciones en vías de legalización
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