El juez devuelve la causa de Puerto Gallego a Santoña para localizar o  reconstr
El juez devuelve la causa de Puerto Gallego a Santoña para localizar o reconstr EUROPA PRESS

El juez José Hoya ha acordado hoy devolver al juzgado de origen la causa contra la exalcaldesa de Santoña, la socialista Puerto Gallego, y ocho exconcejales, al faltar cinco cajas de documentación con más de 6.000 folios aportados en su día por el Ayuntamiento, que debían haber estado en el Juzgado de lo Penal para el juicio señalado para hoy, pero que el juzgado que instruyó la causa, el nº 2 de Santoña, no localiza, lo que ha provocado la suspensión del juicio.

El juez ha acordado la nulidad de las actuaciones hasta el momento anterior a los escritos de defensa, y ha ordenado al juzgado de origen la localización de las cajas, o si no aparecieran, la reconstrucción de la documentación; y finalmente su envío a las defensas para que puedan alegar lo que consideren y presentar de nuevo sus escritos.

El fiscal, que pide ocho años de inhabilitación para Puerto Gallego y sus exconcejales por un presunto delito de prevaricación,

por aprobar entre 2003 y 2009 el pago de una serie de facturas pese a que conocían los reparos de los interventores, ha opinado que la ausencia de esa documentación "no es ningún obstáculo" para la celebración de la vista.

Sin embargo, los abogados de las acusaciones particulares, ejercidas por el PP y por el entonces concejal de Falange Leoncio Calle Pilar, que fue quien denunció a Puerto Gallego en 2009, han solicitado la suspensión de la vista para evitar la conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva.

La primera en hacer notar que faltaba toda esa prueba documental fue la abogada de Puerto Gallego, quien alegó que se trata de documentación "esencial" para la defensa puesto que en ella se basan los informes de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Ante esta circunstancia, el juez Hoya, que estaba sustituyendo a la titular del Juzgado de lo Penal nº 2 por estar enferma, ha desalojado la sala y ha ordenado llamar al juzgado de Santoña, que finalmente ha notificado que no localiza las cinco cajas.

El otro abogado defensor ha pedido la nulidad de las actuaciones, alegando además de la falta de documentación otras razones como la incomparecencia de un testigo importante, el secretario municipal; o la "falta de tiempo razonable para preparar la defensa" en un procedimiento de casi 10.000 folios que ha llegado al juzgado de lo penal el 20 de febrero.

"ALEGACIÓN INSTRUMENTAL"

Tras escuchar a todas las partes, el juez Hoya ha reprochado a las defensas que tienen conocimiento de que la documentación obraba en el juzgado "desde hace más de ocho años" y hasta hoy no han hecho ninguna petición ni alegación al respecto, lo que le ha llevado a concluir que se trata de una "alegación instrumental".

Aún así, ha afirmado que no aceptarla podría dar lugar a una nulidad global de las actuaciones por indefensión. "No tengo más remedio", ha dicho, y manteniendo el tono de reproche a las defensas, se ha mostrado convencido de que no harán uso de la documentación que ahora no aparece cuando se consiga localizar o reconstruir.

Junto a Puerto Gallego están también acusados ocho concejales del PSOE de Santoña entre 2003 y 2009: José Ramón Badiola, Pedro María López, Carmen Leiva, Diana Gil, Joaquín Bonet, Gloria Valmaseda, María Antonia Alonso y Jesús María Valle. Estos dos últimos, que han sido concejales del PSOE en la presente legislatura, presentaron su dimisión en noviembre, cuando se dictó el auto de apertura de juicio oral.

Se cumplen ahora diez años de la denuncia presentada por el entonces concejal de Falange Leoncio Calle Pila, por la que se inició el proceso, al que luego se sumó el PP. Denuncia que años después provocó la dimisión de Puerto Gallego como diputada nacional del PSOE cuando el caso llegó al Supremo investigó el caso por su entonces condición de aforada.

El pasado mes de septiembre, la Audiencia Provincial de Cantabria

decidió mantener la imputación contra Gallego y su equipo de gobierno por presunto delito de prevaricación por la contratación de servicios sin seguir el procedimiento legalmente establecido, aunque estimó parcialmente el recurso presentado por éstos al considerar que no podían ser juzgados por irregularidades en el pago de horas extraordinarias, como apuntaba la jueza instructora, titular del Juzgado número 2 de Santoña.

En su escrito, el fiscal explica que Gallego y los ocho miembros de su equipo de gobierno, "con el fin de eludir el cumplimiento de la normativa, omitiendo la incoación del adecuado procedimiento de contratación, vulnerando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, y violando también la legislación básica sobre necesidad de existencia de consignación presupuestaria previa para la realización del gasto", procedieron a aprobar el abono de diversas facturas emitidas principalmente por cuatro empresas.

"Y ello pese a tener pleno conocimiento de la legislación administrativa que quebrantaban a través de los reiterados y expresos reparos que en cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras emitieron los sucesivos interventores", añade el Ministerio Público.

Por todo ello, les considera autores de un delito de prevaricación continuada, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, y solicita para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El PP pide la misma pena y Calle Pila un año más.

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