Según las estimaciones del Colegio, casi 900 núcleos de población no cuentan actualmente con sistemas de depuración del agua, fundamentalmente en el medio rural, por lo que la población afectada se sitúa en torno al dos por ciento del total de la Comunidad.

"Es necesario que la Administración aborde estas pequeñas infraestructuras, así como su posterior conservación y mantenimiento para dar cumplimiento a las directrices que fija la Unión Europea en materia de depuración de aguas residuales, así como a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos", ha explicado el decano-portavoz del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, Óscar Sánchez, con motivo de la celebración el Día Mundial de Agua, este viernes, 22 de marzo.

En Castilla y León el problema se circunscribe, de acuerdo con el comunicado remitido por el Colegio a Europa Press, a las pequeñas poblaciones donde la legislación "no es tan clara en cuanto a la obligatoriedad de estas infraestructuras" y "se limita a señalar la necesidad de tratar las aguas residuales". "El riesgo está en que estos núcleos se caracterizan, en general, por generar un pequeño volumen de aguas residuales pero fuertemente contaminadas", ha añadido.

En este sentido, el Colegio de Ingenieros Civiles ha expresado su "compromiso" con la mejora de la calidad de vida de las personas y con el respeto al medio ambiente, al tiempo que ha reclamado a las administraciones el cumplimiento de los objetivos establecidos por Naciones Unidas en esta materia.

Los ingenieros civiles consideran que es necesario llevar a cabo más inversiones para dar cobertura a todos los habitantes de Castilla y León a través de la construcción de pequeñas infraestructuras que garanticen la depuración de todas las aguas residuales generadas en la Comunidad.

Como recuerda, España ha sido condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a pagar doce millones de euros por el incumplimiento de la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas.