CSIF, en un comunicado recogido por Europa Press, ha criticado que Función Pública y la Consejería de Familia parecen llevar "políticas diferentes, con una Gerencia que, además, va a su aire, ya que otros trabajadores de consejerías diferentes, en las mismas circunstancias, no van a ser despedidos".

Asimismo, ha advertido de que se quiere amortizar otros diez puestos más de diversas categorías, todos -las 22 plazas- pertenecientes a la Gerencia Regional de Servicios Sociales.

El sindicato ha censurado que el responsable de la Gerencia Regional de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos, no "atiende" a las reclamaciones de los trabajadores afectados, que piden que se les aplique el mismo trato que tienen otros empleados de otras consejerías que, en las mismas circunstancias y categorías, no serán despedidos hasta valorar los procesos de transformación de estos puestos a fijos.

CSIF considera "que el trato de la Gerencia es discriminatorio y que va por libre, decidiendo estos despidos sin contar con las directrices de la Función Pública, que debe abordar una solución global para todos, y no permitir que unos pocos empleados sean despedidos mientras otros no lo son; y que han demostrado su valía y experiencia durante muchos años, en un ámbito en el que la Junta ha obtenido una de sus mejores notas y reconocimiento, como es la dependencia".

EN TODAS LAS PROVINCIAS

En esta línea, ha agregado que estos 22 despidos y amortizaciones, en total, se distribuyen por las nueve provincias de Castilla y León y ha pedido a la consejera que siga "una gestión común, con unos procedimientos y criterios no discriminatorios para unos y otros trabajadores".

El sindicato ha reclamado sensibilidad y "una moratoria o tiempo de reflexión" para abordar soluciones para todos y no un despido inmediato y sin un análisis previo de la situación del actual personal temporal, que en la Gerencia de Servicios Sociales supone más de un 70 por ciento de la plantilla.

Entre los puestos y plazas afectadas hay médicos, psicólogos, directores, administradores, trabajadores sociales, educadores, técnicos de orientación profesional, auxiliar administrativo o personal de servicios.

CSIF ha insistido en sus críticas a la Gerencia de "ir por libre y permitir estos despidos sin la autorización del consejero de la Presidencia, cuando se había decidido negociar una solución legal para todos estos empleados públicos, con un proceso de acceso negociado, después de las elecciones autonómicas".

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