El Parlament ha sido testigo, este lunes, de la firma del Pacto contra la segregación escolar en la escuela catalana impulsado por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, desde el año 2017 y firmado por el Departament d'Educació de la Generalitat, más de un centenar de ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, una veintena de agentes de la comunidad educativa catalana y por los grupos parlamentarios de JxCat, ERC, CatEnComú y PSC.

No han suscrito, sin embargo, este acuerdo ni Cs, ni PP y la CUP. Tampoco la federación de AMPAs públicas FaPaC, los sindicatos presentes en el sector de la educación USTEC-STEs (el mayoritario en la pública) y CGT Ensenyament y asociaciones de estudiantes. Para Ribó, "la gran mayoría" de la comunidad educativa está de acuerdo con el pacto y ha invitado a los "pocos" que no se han sumado a que lo hagan.

El documento incluye 30 actuaciones y 189 medidas divididas en 9 ámbitos de actuación y que el titular de Educació, Josep Bargalló, se ha comprometido a implantar durante la presente legislatura.

Las principales propuestas son un nuevo decreto de admisión que garantice un reparto más equitativo del alumnado entre los centros de un mismo territorio a partir, por ejemplo, del establecimiento de una proporción máxima de alumnos con necesidades educativas específicas. Así como limitar la escolarización de matrícula viva (la que se realiza durante el curso) en centros de alta complejidad, que son en los que pueden darse porque suelen quedar plazas vacantes.

Ambos planes se podrán ir desplegando, pero el grueso de las medidas tendrán que esperar a su implementación a partir de la preainscripción del curso 2020-2021. Dos puntos que se han eliminado este año fueron también recomendaciones del Síndic: la eliminación de los puntos complementarios para alumnos celiacos y por tener alumnos escolarizados en el mismo centro. Este pacto contempla al mismo tiempo una comisión de seguimiento para garantizar su cumplimiento que se reunirá cada seis meses.

Este documento también prevé crear una oficina virtual de escolarización y un protocolo ante sospechas de irregularidades en el proceso, con medidas sancionadoras incluidas. Como actuaciones de apoyo a la tarea de los centros de alta complejidad se los quiere dotar de más plantilla y de incentivos que aseguren la implicación en el proyecto del profesorado más cualificado.

Otros puntos destacados de la medida son la reserva de plazas como método de escolarización equilibrada, la mejora de la financiación pública de centros públicos y concertados y ayudas para libros de texto, material escolar, salidas y colonias escolares.

En contrapartida, los centros públicos y concertados tendrán que publicar las cuotas y el régimen legal, eliminar el compromiso de las familias de pagar las aportaciones voluntarias y desplegar un marco para ordenar las actividades y servicios extraescolares.

Los agentes del sector educativo que no han firmado el pacto han explicado en un comunicado conjunto emitido este lunes que con este acuerdo solo sale ganando "la escuela concertada" y que no se llevan a cabo medidas efectivas para repartir a los alumnos con necesidades educativas específicas. También han criticado que no se incluya la universalidad y gratuidad de otros servicios educativos como el de comedor, libros de texto o material escolar. Para la FaPaC, "no tiene sentido" firmar un pacto que no se puede hacer cumplir.

Desde USTEC, su portavoz Ramon Font ha recalcado que de pacto "no tiene nada" porque faltan los principales representantes de los trabajadores, estudiantes y familias.