La presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia, María José Catalán, ha advertido de la "imposibilidad" de asumir todas las pruebas periciales que se hagan a los menores víctimas de abuso sexual infantil con los psicólogos forenses que actualmente hay en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia.

Con la suspensión del servicio por parte de Proyecto Luz (Programa de información, diagnóstico y evaluación de menores víctimas de abuso sexual infantil) a aquellos menores víctimas de abuso sexual que no están en situación de desamparo, como ya adelantó Europa Press, Catalán insiste en esa imposibilidad de asumir más carga de trabajo, habida cuenta de los más de 200 casos anuales de evaluación psicológica de Abuso Sexual Infantil que estaba asumiendo Proyecto Luz.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades anunciaba a finales de febrero la suspensión de la atención a niños que son víctimas de abuso sexual y no están en situación de desamparo; una situación que podrían estar afectando a más de una veintena de menores y sus familias en lo que va de año, según había podido conocer Europa Press de fuentes próximas.

Precisamente, corresponde al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Murcia (IMLyCF) la ejecución de todas estas periciales, pero, advierte Catalán, "no disponemos del número suficiente de psicólogos para poder llevar a cabo las periciales que pueden recaer en nuestro servicio".

Y es que, puntualiza, "en estos momentos contamos con una sobrecarga de trabajo en todas las materias, por lo que es materialmente imposible asumir más tareas".

Así, estima que para poder realizar de manera adecuada este trabajo adicional que corresponde hacer a este servicio, el Ministerio de Justicia "tiene que dotar de más profesionales de la psicología, con formación en el ámbito forense a los IMLyCF de Murcia y Cartagena, de forma que, al menos, deben de generarse cinco plazas nuevas (3 en Murcia y 2 en Cartagena) para poder llevar a cabo este trabajo que es de especial complejidad".

Catalán destaca que la realización de la evaluación psicológica del testimonio en los casos de abuso sexual infantil "debe ser inmediata a la eclosión, es decir a la detección o denuncia, por un lado para preservar lo máximo posible el testimonio y que no sea contaminado por diversas exploraciones o por el paso del tiempo, y segundo por la necesidad de los menores de poder avanzar en la superación del trauma, no pudiendo comenzar un tratamiento psicológico hasta que se realice la evaluación".

Y, en caso de que no pueda hacerse con la inmediatez requerida, por la falta de medios personales, "nos encontraríamos con la dificultad que para el menor supondría no poder comenzar a trabajar en su recuperación".

La evaluación debe de ser realizada de manera inmediata a la denuncia y "deben garantizarse las medidas que eviten la reiteración de evaluaciones y, por tanto, la revictimización secundaria". La reiteración de declaraciones "incide en la invalidación de los testimonios, siendo en muchas ocasiones la declaración de los menores la única prueba de que se ha producido un abuso", señala.

PROFESIONALES DE SALUD MENTAL NO ESTÁN ESPECIALIZADOS

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria de la Región de Murcia (APERMap), Antonio Iofrío, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que no considera lo más adecuado para estos menores que sean los profesionales de Salud Mental Infanto-Juvenil los que tengan que hacer su valoración psicológica.

Y es que, según fuentes de la Comunidad, en el caso de que exista sintomatología derivada del abuso, el pediatra del niño podrá solicitar que sea tratado por especialistas en el área de Salud Mental.

El problema, advierte este pediatra, es que "aunque son excelentes profesionales, no están especializados en la atención a menores con abuso sexual y además estos casos necesitan de mucho tiempo de atención y sesiones, lo cual les sumaría sobrecarga asistencial a unas consultas ya de por sí saturadas".

Y es que, indica, "una cosa es estar preparado y otra cosa es estar especializado". "Es preferible que el menor sea atendido por psicólogos especializados en temas de abusos", destaca.

Explica que el sistema "funcionaba bien, en el sentido de que se le proporcionaba al menor víctima de abuso sexual la más completa asistencia y tratamiento, y no debería dejar de atender a los menores que no se encuentren en situación de desamparo".

"Los menores deben ser tratados por los profesionales que estén mejor cualificados para ello", insiste. En el caso de menores víctimas de abusos sexuales, considera que el mejor equipo de profesionales especializado en la investigación y evaluación de casos de abuso sexual infantil son los psicólogos que trabajan en el Proyecto Luz.

Además, estos profesionales "orientaban y apoyaban sobre la atención médica, psicológica, social y judicial que la situación requiriera en beneficio del menor".

La presidenta de la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (Amain), Juana López, advertía también en febrero, en declaraciones a Europa Press, que el sistema de salud mental infanto-juvenil "no está preparado para atender a menores víctimas abuso sexual".

Hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años los casos detectados en el Proyecto Luz se han duplicado, mientras que desde 2015 y hasta diciembre de 2018 se han atendido 932 menores. Los expertos denuncian que la Comunidad "no ha aumentado el personal dedicado a evaluar el testimonio y atender a las víctimas".

Hasta ahora, resalta, los pediatras derivaban a estos menores a Familia y Políticas Sociales y al Proyecto Luz, "que era la encargada de recibir las denuncias y proporcionarles la atención psicológica debida". Si había lesiones físicas en el momento de la detección, también se los derivaba a Urgencias, donde "se hacía una valoración por parte de los médicos de urgencias y de los forenses, y se daba parte a Fiscalía de Menores".