La Oficina Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto durante el pasado año 365 expedientes de mediación de los que la

mayor parte, 235, han sido por impago de alquiles, los hipotecarios han sido 70 casos y el resto, 51 expedientes, por ocupación.

El perfil son parejas con hijos o familias numerosas, en muchos casos

monomarentales que reciben el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) de 700 euros mensuales, que con 3, 4 y hasta 5 hijos a su cargo afrontan alquileres de 250 o 300 euros.

"Así es difícilmente soportable el alquiler. Es un problema muy feminizado", ha subrayado el concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, quien ha añadido que en 2018 se han atendido más de 700 consultas sobre arrendamiento de viviendas, que alcanzan la cifra de 2.994 desde 2015.

Híjar ha ofrecido estos datos en rueda de prensa, junto al director de la Oficina Municipal de Vivienda, Sergio Castells, y ha detallado que se llevan a cabo dos programas; el de mediación hipotecaria y arrendamiento y el de asesoramiento energético.

COMPLEJO

El concejal de Vivienda ha agradecido el trabajo de mediación, que "no es sencillo porque, además, se han generado grandes retos, como el programa de alquiler de vivienda, y en una situación compleja". "Estoy satisfecho por el grado de acuerdo y de que la sociedad municipal Zaragoza-Vivienda haya garantizado alternativas para que la gente no se quede en la calle", ha agregado.

Pablo Híjar ha recordado que son "relevantes" los desahucios por alquiler en Zaragoza que rondan los 900 el pasado año, en concreto han sido 883, una cifra muy cercana a los 892 de 2017, que es el máximo histórico de las series que se ofrecen y el segundo año es 2018.

En Aragón han sido 1.070 desahucios por impago de alquiler en 2017 y en 2018 han sido 1.090 por este concepto, que se recoge en la Ley de arrendamientos urbanos, que requiere una "reforma urgente", ha apremiado Híjar.

"Estos datos corroboran que la crisis no ha pasado y la emergencia habitacional continúa y se precisa de cambios legislativos y normativos que no se han hecho en diez años desde el inicio de la crisis. Revelan, además, que hay una parte de la clase trabajadora que viven en la pobreza".

DATOS

El director de la Oficina Municipal de la Vivienda, Sergio Castell, ha contado que en el programa de mediación hipotecaria, de los 70 expedientes generados en 2018, solo un 32 por ciento tiene algún

miembro familiar trabajando; un 10 por ciento son pensionistas; el 39,2 por ciento recibe prestación por desempleo o ayuda sociales limitadas y un 18 por ciento no tiene ingresos oficiales y dependen de las ayudas de urgente necesidad o de familiares.

En el caso de las mediaciones por impago de alquiler se han generado 235 expedientes y 51 por ocupación de vivienda propiedad de entidades bancarias. De todos ellos, 118 no tenían demanda ni cuotas pendientes de pago (41, 25 por ciento) por lo que el margen de mediación ha sido superior, mientras que en 117 casos, el 40,91 por ciento, ya existía demanda de juicio verbal de desahucio.

En los 51 casos

de ocupaciones de buena fe o vulnerables se ha logrado un éxito cercano al 18 por ciento con la entidad financiera, ha detallado Castells.

La Oficina Municipal de Vivienda tiene un coste global de entre 600.000 y 800.000 euros, dispone de un 50 por ciento de financiación del Gobierno de Aragón solo para los gastos de funcionamiento. Además cuenta con siete abogados mediadores y dos trabajadores sociales, junto a tres personas propias de la Oficina.

Híjar ha alertado de que el incremento de los precios de alquiler, las garantías exigidas y los ingresos limitados "siguen dificultando que muchas familias accedan a viviendas dignas por lo que la Oficina Municipal de Vivienda sigue siendo necesaria como vía de atención a los ciudadanos con riesgo de pérdida de vivienda o deudor de buena fe por causas sobrevenidas".

En este sentido, ha insistido en que cada vez se detectan más casos de finalización de contrato de alquiler, cuyos inquilinos acuden a la mediación y suponen ya el 20 por ciento de las mediaciones.