Así lo indica la Xunta a través de un comunicado en relación a la decisión de la Consellería de Política Social de estudiar la implantación de esta condición en el acceso a las plazas públicas para niños de cero a tres años.

En el informe de la Asesoría Jurídica se recalca que en este asunto es "prioritaria la protección de la salud de los menores", algo que reconoce el artículo 43 de la Constitución española, y considera que "no se conculca de ningún modo la libertad ideológica, religiosa o de culto de las familias".

Así, avala la exigencia de la vacunación para acceder a una plaza basándose en sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y La Rioja, entre otras. Además, pone de manifiesto que las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla y León ya requieren el calendario de vacunación para formalizar la matrícula.

A nivel internacional, añade, el informe jurídico cita ejemplos como Francia e Italia, que introdujeron esta obligación a lo largo de los últimos años, mientras que en Países Bajos se está estudiando.

Del mismo modo, el informe recoge la "postura favorable" de los profesionales sanitarios, a través de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial y de la Red Gallega de Investigación Pediátrica.

El objetivo de la medida, apunta la Xunta, es "avanzar en la concienciación de los padres sobre la necesidad de inmunizar a sus hijos ante posibles contagios, "velando por el bien común de los menores".

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