En una providencia, con fecha de 31 de enero y a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8, María de los Reyes de Flores, acordó, "visto el resultado de las diligencias practicadas", citar a declarar en condición de investigado al delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, para el pasado 18 de febrero a las 11,00 horas. Esta citación fue aplazada al 12 de marzo, para luego ser finalmente fijada a este jueves.

Posteriormente, en un auto del Juzgado de Instrucción número 8 fechado el pasado 27 de febrero, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada desestimó la pretensión de la defensa del delegado municipal "de dejar sin efecto" el señalamiento de la declaración como investigado a Cabrera para que se le aclarasen los motivos de su citación, por lo que se le "instruirá en forma, previo a su declaración de sus derechos y de la imputación, no siendo preciso como pretende con carácter previo".

De otro lado, la magistrada María de los Reyes Flores decidió librar oficio a la Brigada Policial actuante a fin de que emita informe a la mayor brevedad sobre la cámara de grabación que consta instalada en la entrada de la zona de llegadas del aeropuerto de Sevilla y de la pantalla que refleja dichas grabaciones en la sede de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, haciendo constar el campo de grabación de la misma, horario de funcionamiento y control o en su caso custodia de las imágenes captadas, a los efectos de adoptar las medidas oportunas en atención de lo previsto en la ley de protección de datos.

LA SITUACIÓN DE SOLIDARIDAD HISPALENSE

De igual modo, en un auto dictado en septiembre, la juez, que también mantiene como investigados en la causa al ya expresidente de Solidaridad Hispalense Enrique Filgueras y otros dirigentes de esta entidad como Antonio Velarde o Francisco Ternero, relacionados con las presuntas coacciones promovidas para monopolizar la parada de taxis del aeropuerto, imputó a la Asociación como "persona jurídica" en los términos de "constituir una organización delictiva que sirve de soporte o cauce a la finalidad perseguida de mantener el monopolio en el servicio de recogida de pasajeros en el aeropuerto, en perjuicio del resto de los profesionales del sector y de los demás sectores de transporte público, tanto vehículos con conductor -VTC- como incluso los servicios municipales -Tussam-".

Al respecto, los informes policiales derivados de un registro en la sede de Solidaridad del Taxi, recogidos por Europa Press, reflejan que los agentes habrían encontrado en la sede de la entidad documentación relativa a sanciones de la asociación a sus miembros, con prohibiciones temporales respecto al uso de la parada de taxis del aeropuerto o medidas punitivas por no participar en las movilizaciones convocadas por la entidad.

De estos extremos, a juicio de los agentes, se infiere "que la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi impone su propio calendario de días de descanso o bien se arroga la potestad sancionadora de la administración" en la parada de taxis del aeropuerto.

Entre la documentación decomisada, además, figurarían "fotografías de coches patrulla de la Policía Local en la que sale la placa de matrícula y fotografías de policías locales, además de anotaciones de números de carné de policías locales que señalan como perseguidores de los taxistas de la asociación".

Igualmente, los agentes habrían encontrado, siempre según los atestados policiales, "fotografías de vehículos VTC estacionados" en un lugar donde "se produjeron daños grabados en las cámaras de video vigilancia los días 9, 21 y 25 de enero" de 2017, así como "fotografías de un conductor de Tussam", entre otros aspectos.

LA BODA DE FILGUERAS

La Policía Nacional señala además en sus atestados una supuesta relación de "amistad" entre el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi e investigado en la causa judicial, Enrique Filgueras, y el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, a cuenta de las fotografías que reflejan que el edil ofició la boda civil de Filgueras y además asistió al banquete.

No obstante, Cabrera, que ya prestó declaración como testigo en esta causa, ha negado tal extremo, defendiendo que su "responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas".

De otra parte, cabe destacar que en la causa, pero en otras diligencias separadas, también se investigan los presuntos ataques y amenazas sufridos por conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) a manos de taxistas.