El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado este lunes en el Supremo que 11 de los 12 acusados en el juicio del procés son o han sido diputados, lo que supone una "grave distorsión" para la Cámara, y ha mostrado su preocupación porque Vox les acuse desde la extrema derecha.

Torrent, que este lunes ha comparecido como testigo en el Tribunal Supremo, ha dicho también que está convencido de que el conflicto político en Cataluña "sólo se solucionará mediante un referéndum" y que en este convencimiento volverá a votar. "Tengan presente que volveremos a votar", ha apostillado.

"No vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria en Cataluña de los catalanes a decidir nuestro futuro", ha manifestado Torrent, tras ser inquirido por la acusación popular, ejercida por Vox sobre si las leyes de desconexión suponían crear una legislación paralela a la vigente. Repreguntado si la finalidad de dichas normas era declarar la independencia en Cataluña ha insistido: "Su finalidad es que los catalanes pudieran votar y decidir su futuro".

El presidente del Parlament ha defendido que no hay razones para que el presidente o presidenta del Parlament pueda inadmitir una iniciativa parlamentaria porque, a su juicio, no se puede utilizar una prerrogativa de carácter organizativo como es el Orden del Día de un Pleno "para decir de qué se habla o de lo que no se habla en un Parlamento".

Inquirido por el abogado de Vox Javier Ortega Smith sobre el hecho de que los letrados de la Cámara advirtieran de la posible inconstitucionalidad de algunas propuestas -como ocurrió con la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad- Torrent se ha limitado a señalar que los informes de los letrados "no son vinculantes".

"La Mesa es un órgano político y no entra nunca a valorar a entrar el fondo de las propuestas por muy inconstitucionales que le puedan parecer", ha subrayado. Y ha explicado que él hubiese actuado "exactamente" igual que la expresidenta Carme Forcadell.

En otro momento, y a una pregunta sobre la abogada del Estado, Torrent ha explicado que las leyes aprobadas el 6 y 7 en el Parlament buscaban "una solución política al conflicto, presentar un escenario de diálogo", y que por ello no apelaban al diálogo con el Estado. "Buscaban una seguridad para el conjunto de la ciudadanía e instituciones, un proceso de negociación y diálogo con el gobierno del Estado -ha añadido-. La Ley de Transitorieddad nunca tuvo efectos jurídicos".

Durante su turno, el vicepresidente segundo de la Mesa del Parlament, Jose María Espejo-Saavedra, ha asegurado que sus compañeros independentistas en el órgano de gobierno manifestaron que "no tenían por qué hacer caso a las advertencias del Tribunal Constitucional" porque el "TC no estaba por encima de las mesas de los Parlamentos".

Espejo ha comparecido a petición de la Fiscalía por ser miembro de la Mesa de la cámara Catalana que tramitó todas las iniciativas relativas al 1-O. El diputado de Ciudadanos ha recordado que todos los miembros de la Mesa fueron advertidos de las consecuencias penales de incumplir con los requerimientos del Constitucional respecto al referéndum, suspendido ya entonces.

"Hubo mucho debate y fue muy intenso", ha señalado pero "los miembros de la Mesa que eran proclives a admitir estas iniciativas venían a decir que no tenían por qué hacer caso a las advertencias del TC, porque implicaba ser un órgano censor y el TC no estaba por encima de las mesas de los parlamentos".

Espejo-Saavedra, que advirtió a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell de que tramitar las leyes del Referéndum y de Transitoriedad, el 6 y 7 de septiembre de 2017, iba en contra de las instrucciones del TC, ha denunciado que los independentistas de la Mesa hicieron oídos sordos a sus avisos y "retorcieron" el reglamento de la cámara para seguir adelante con su "plan".

"Era palmario y evidente que se estaban admitiendo a trámite unas iniciativas parlamentarias que estaban en frontal oposición con lo que había ordenado el Constitucional y los letrados del Parlament nos lo estaban advirtiendo", ha apuntado. Según el testigo, era "evidente" que existía un "plan" por parte de los independentistas para aprobar todas las leyes que permitiesen celebrar el referéndum, sorteando los "muchos obstáculos" que había desde el punto de vista parlamentario y constitucional.