La sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Málaga sobre la concesión del parking Los Cipreses, propiedad de una sociedad relacionada con el excomisario Villarejo, prueba la ilegalidad que pesaba sobre el mismo y que Izquierda Unida ya había denunciado hace cuatro meses, según ha explicado el concejal portavoz de la formación, Miguel Díaz.

"La sentencia condenatoria deja claro que la concesión se otorgó de forma ilegal como apuntábamos desde IU", ha incidido, del mismo modo que ha recriminado al PP "que tras cuatro meses desde que se tomó el acuerdo en el pleno municipal a iniciativa de Izquierda Unida no se ha hecho nada para revisar la concesión".

Díaz ha insistido en que "esta sentencia deja en muy mal lugar al PP, ya que el portavoz municipal sostuvo en el Pleno que esta concesión era la que, de las otorgadas en tiempos del GIL, tenía más visos de legalidad".

El edil ha recordado que "la revisión de las fraudulentas concesiones administrativas del gilismo, es una petición que Izquierda Unida viene realizando al equipo de Gobierno del PP desde 2007".

"Más allá del perjuicio legal para el Ayuntamiento, también existe un perjuicio económico para la ciudadanía", ha indicado Díaz. "Desde IU estimamos que, teniendo como base solo la tasación media que realizaba el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga por plazas de aparcamientos similares aquellos años, el Ayuntamiento ha dejado de ingresar en los 14 años de explotación realizados por esta sociedad relacionada con Villarejo más de tres millones de euros, y de explotarse los 75 años previsto por este hombre, el Ayuntamiento perdería unos 18 millones de euros", ha remarcado.

Según el concejal portavoz de IU, "esta condena a Marisol Yagüe, Isabel García Marcos, el Secretario del Ayuntamiento de entonces y cinco exconcejales más dictada por la Audiencia Provincial confirma la denuncia que IU viene realizando contra el equipo de gobierno del PP, del grave perjuicio que le supone a Marbella no revisar las cientos de concesiones administrativas que el gilismo concedió en los 15 años que gobernó el ayuntamiento".

ANTECEDENTES

Tal como denunció IU en la moción que elevó al pleno de octubre del año pasado, y ahora ratificado por la Audiencia Provincial, esta concesión administrativa estaba llena de irregularidades, que la hacían nula de pleno derecho.

El Equipo de gobierno de Marisol Yagüe inició el expediente de concesión en base a una petición de dos personas, Francisco Javier López Crespo y su socio, Antonio Codías, ambos de la mercantil Autocobermar SL, la que fue después adjudicataria.

Este último, Antonio Codías, era entonces un trabajador en plantilla del ayuntamiento, ocupando el puesto de inspector de obras de la Delegación de Obras del Ayuntamiento de Marbella.

Fue Marisol Yagüe, un mes después de ser nombrada alcaldesa gracias a una moción de censura, la que inicia los trámites para la explotación y funcionamiento de este aparcamiento construido por el Ayuntamiento, frente al entonces Club Financiero Inmobiliario, la llamada "caverna del GIL".

El informe de tasación valoró individualmente estas plazas de aparcamiento en 6.010 euros, cuando el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga tasaban plazas similares en 22.500 euros, y en el mercado se pagaban entre 25.000 y 30.000 euros.

El informe de valoración complementario que debía ser emitido por los servicios técnicos municipales, solicitado vía reparo por el Interventor Municipal del Ayuntamiento de aquellos años, no fue elaborado.

Al concurso de concesión administrativa de este parking, ubicado en una de las mejores zonas de Marbella, con unas condiciones de explotación muy beneficiosas (canon muy bajo, tiempo de explotación casi eterno, etcétera), solo se presentó una empresa, Autocobermar SL, precisamente la misma que había solicitado por escrito el inicio del expediente a Marisol Yagüe.

El señor Antonio Codías Berrocal, ya desde 2002, simultaneó sus funciones de administrador de Autocobermar SL, con su trabajo de inspector de obra del ayuntamiento, lo que le hacía incurrir claramente en causa de incompatibilidad y por ende como posible causa de nulidad de la concesión concedida.

Y por último, y también confirmado por la sentencia, la propia constitución de la mesa de contratación y el acuerdo de la concesión se realizó sin haber expirado el plazo de presentación de solicitudes, y la propia mesa de contratación certificó que no había más ofertas cuando realmente sí las había, han señalado desde IU.