Montero justifica los decretos en campaña: "Este país no puede estar en una parálisis institucional"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Rodrigo Jimenez / EFE
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes que el Consejo de Ministros apruebe el viernes un decreto con "medidas para la reducción de la desigualdad de género y la recuperación de derechos laborales" pese a haber anunciado las elecciones y que no dé tiempo a su tramitación por el pleno del Congreso.

"Este país no puede estar en parálisis institucional", argumentó.

Montero —recordó que no se puede impulsar nuevos impuestos por decreto, pero sí medidas de gasto— defendió la necesidad de "acometer las urgencias sociales". "Son medidas de extrema necesidad que abordan el problema, por ejemplo, de personas desahuciadas", dijo.

Montero, en un desayuno organizado por Europa Press, crítico que quizá se está hablando "mucho de la situación territorial" y no de asuntos como la educación, los deshaucios o "qué hacer para que las mujeres puedan andar seguras por la calle".

Preguntada por los acuerdos que prevé alcanzar el próximo Consejos de Ministros ha señalado: "No podemos anticipar nunca lo que se tiene que debatir", pero si ha advertido que hasta el fin de la legislatura "todos los Consejos de Ministros van a estar cargados de medidas que permiten mejorar la vida de las personas. Estén atentos los viernes. Las ruedas de prensa van a ser sustanciosas".

Montero no considera que sean medidas electoralistas, sino propuestas que "encuentran una encaje en las cuentas públicas".

Sobre algunas promesas del Gobierno, como la reducción del copago farmacéutico y la ampliación de las becas, Montero ha lamentado que no se puedan llevar a cabo en este periodo. Requieren de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ha advertido.

Sí ha avanzado que el Gobierno, antes de las elecciones, tiene previsto aprobar, por ejemplo, la recuperación de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales de personas de dependientes, de la que podrían beneficiarse 180.000 personas, según sus cálculos.

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