El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha entregado este viernes al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), la documentación correspondiente a cuatro posibles ubicaciones para la futura ciudad de la justicia, entre ellas la idea de trasladar buena parte de los órganos judiciales al campus de Palmas Altas ante la salida del mismo de la multinacional Abengoa y de la

Universidad Loyola.

En rueda de prensa, Juan Espadas ha explicado que merced a un arduo trabajo previo, ha trasladado al equipo técnico de Justicia de la Junta de Andalucía la documentación correspondiente a cuatro propuestas o "alternativas" de ubicación para la nueva ciudad de la justicia, un proyecto destinado a renovar las infraestructuras

judiciales de la capital andaluza, toda vez que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 recoge dicho equipamiento en los terrenos de Los Gordales.

No obstante, Espadas ha recordado los "problemas" surgidos en torno a tal extremo dado el recurso judicial que la Dirección General de Patrimonio del Estado elevó al Tribunal Supremo contra las determinaciones urbanísticas que el PGOU otorga al Estado en Los Gordales, e incidir además el proyecto de traslado del recinto ferial, planteado antes de arrancar la crisis económica hace ya más de diez años y desde entonces pendiente de avances.

En ese sentido, y mientras la creación de una moderna ciudad de la justicia es una reivindicación histórica del sector judicial sevillano y la iniciativa lleva más de cinco lustros sobrevolando el debate público y político de la ciudad, Espadas ha explicado que la documentación trasladada por el Ayuntamiento a la Junta contempla cuatro propuestas de ubicación "correctas" desde la perspectiva urbanística y que se encuadran en el "modelo de ciudad" actualmente promovido.

LA OPCIÓN DE PALMAS ALTAS

Una de las citadas propuestas, como él mismo ha reconocido,

es aprovechar las amplias instalaciones del campus de Palmas Altas que ahora comparten Abengoa y la Universidad Loyola, a sabiendas de que la universidad se muda en septiembre a su nuevo recinto de Dos Hermanas y que la empresa tecnológica también ha anunciado su salida para este verano.

Los siete edificios del campus de Palmas Altas, con casi 48.000 metros cuadrados, podrían albergar según la Junta prácticamente todos los órganos unipersonales del partido judicial de Sevilla, si bien en el Prado de San Sebastián quedarían aún el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Audiencia Provincial, la Fiscalía Provincial y, probablemente, el Registro Civil debido a la proximidad con el ciudadano.

Espadas, al respecto, ha declinado revelar cuáles son las tres restantes opciones planteadas a la Junta, exponiendo que más allá de los aspectos urbanísticos aportados por el Ayuntamiento para cada una de ellas, la Administración andaluza debe ahora acometer un "análisis adicional de costes y de modelo organizativo" de los órganos judiciales con relación a cada alternativa, para que después ambas partes expliquen al sector judicial "los pro y los contra" de cada una de las posibilidades en materia de costes o plazos, por ejemplo.

"No será una decisión aislada, sino consensuada con la ciudad", ha defendido, exponiendo que en este caso es necesario hacer "confluir los intereses del conjunto de la ciudad, el presente y futuro de su desarrollo urbanístico y la necesidad de resolver de una vez por todas" las reivindicaciones del sector judicial respecto a contar con instalaciones modernas y más amplias.

SIN "ESPECULAR"

Por eso, ha preferido no desvelar las restantes opciones antes de que los poderes se sienten "en la mesa con el sector judicial", al objeto de no generar un "debate cruzadísimo" y "especulaciones" tras tantos años de controversias respecto al proyecto de la nueva ciudad de la justicia. De momento, en cualquier caso, el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, considera que ubicar la ciudad de la justicia de la capital andaluza en Palmas Altas sería sólo "un desplazamiento concertado de órganos unipersonales" pero no una ciudad de la justicia como tal, mientras el Colegio de Abogados ha mostrado su preferencia por crear en el Prado de San Sebastián todo un "distrito judicial" que unifique allí los órganos distanciados de tal enclave.

Espadas, no obstante, ha expuesto que no es "partidario" de "concentrar completamente" todos los órganos judiciales en el Prado de San Sebastián, defendiendo que las cuatro opciones barajadas contemplan "siempre" la idea de "conservar" en el Prado la sede de la Audiencia Provincial y usos en el edificio auxiliar de los Juzgados. Las propuestas de reubicación, según ha indicado, se centran especialmente en los órganos judiciales actualmente ubicados mediante alquiler en los edificios Noga y Viapol, así como los "desarrollos complementarios" de tales órganos y la creación de nuevas instancias.

"Vamos a estudiar y explorar todas las alternativas", ha aseverado el alcalde, abogando por exponer pormenorizadamente al sector judicial de las cuatro opciones para que conozca "los costes y plazos" de cada una de ellas.

"SOLUCIÓN DEFINITIVA"

Juan Marín, de su lado, ha manifestado que no se trata de "gustos" particulares, sino de dilucidar "cuál es el mejor proyecto" para modernizar las instalaciones judiciales de Sevilla, asegurando que la Junta de Andalucía va a "consensuar y hablar" con el sector judicial en torno a cada una de las cuatro opciones, con "datos, cifras y tiempos" concretos para lograr una "solución definitiva" al asunto.

En ese sentido, Marín ha apostado por "intentar el mayor consenso posible" respecto a dicha "solución definitiva", pero ha expuesto que es necesario "tomar ya la decisión" respecto a cómo mejorar las infraestructuras judiciales de Sevilla.

"No se puede estar siempre esperando a que le guste a todo el mundo. Vamos a ir de la mano del sector judicial pero si no es posible el consenso de todo el mundo, asumiremos nuestra responsabilidad y habrá una decisión", ha indicado Marín, recordando que la Junta es la "promotora" de este proyecto y que los costes que afronta por los espacios alquilados para instalaciones judiciales en los edificios Noga o Viapol son "muy importantes".