En un comunicado, el PP reclama de las fuerzas políticas que den su aprobación a esta "normativa antiokupa, pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado como consecuencia de estas actividades ilegales contrarias al derecho a la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas".

Los populares subrayan que en el articulado de la Proposición de Ley Orgánica presentado en la Cámara baja se establece, entre otras medidas, que la Policía podrá desalojar en 24 horas la vivienda ocupada sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y refuerza el delito de usurpación pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años.

La portavoz del Grupo Popular en Diputación, Virginia Pérez, ha manifestado que combatir la ocupación ilegal de viviendas debería ser "una obligación ineludible de las Administraciones, a diferencia de lo que ocurre en numerosos municipios donde alcaldes y representantes de determinados partidos políticos permiten y apoyan, con sus políticas, la invasión de propiedades generando un sentimiento de indefensión en aquellos ciudadanos que ven como les ocupan sus viviendas con total impunidad".

La también presidenta del PP de Sevilla ha subrayado, al respecto, que esta Proposición de Ley no pretende regular los desahucios hipotecarios ni arrendaticios, ni tiene que ver con la normativa relacionada con la protección de las personas en situación de emergencia social o especial vulnerabilidad habitacional, "cuya protección se encuentra definida en numerosas normas aprobadas por el Partido Popular".

Pérez ha aseverado que "combatir un fenómeno que se prolonga en el tiempo como el problema de la ocupación de viviendas, y garantizar así la propiedad privada, la convivencia y la seguridad, impulsan esta iniciativa contra un fenómeno que genera alarma en la sociedad española".

La propuesta impulsada por el Partido Popular define por primera vez, según indica la formación, de "forma clara" la ocupación ilegal e impide que "los okupas se intenten amparar en resquicios legales y permite a la autoridad pública al desalojo exprés de las viviendas ocupadas de manera inmediata".

Además, afirma que agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia, amplía la reforma de los procesos civiles para que las personas jurídicas puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas y considera nula la inscripción en el padrón municipal cuando la persona inscrita sea un "okupa ilegal".

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