Esta ley sí que será remitida a las Cortes al contrario del Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas que pese a haberlo aprobado la semana pasada el Consejo de Gobierno se encuentra en 'stand by' hasta que el diputado de Podemos David Llorente "no cese su estrategia de pinza con el PP" y no abandone su indisciplina asumiendo la agenda del Ejecutivo castellano-manchego "al completo", según argumenta el Gobierno.

A preguntas de los medios, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha insistido en la línea argumental del Ejecutivo castellano-manchego y el PSOE y ha defendido que Podemos "no es capaz" de garantizar el respaldo de sus diputados a los acuerdos de Consejo de Gobierno y "esto es difícilmente entendible".

"Ojalá podamos tramitar en esta legislatura todas las leyes que han salido del Gobierno regional, incluida la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas" de Podemos, ha afirmado el consejero. "Desde el Gobierno regional no vamos a parar la maquinaria".

ESTATUTO DE LAS MUJERES RURALES

El Estatuto de las mujeres rurales, con rango de ley, nace con el propósito de garantizar los derechos de las mujeres en el medio rural a través de diversas fórmulas, entre ellas, fortaleciendo la figura de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias y haciendo que la mujer sea más visible.

Dicho Estatuto implica la priorización por ley de las mujeres en todas las ayudas públicas en el sector de la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria y el desarrollo rural, algo que, según ha recordado, el consejero ya se ha puesto en marcha en la legislatura actual en algunas líneas concretas.

Esta ley también va a fomentar la afiliación de las mujeres agricultoras y ganaderas a la Seguridad Social, algo que se conseguirá mediante ayudas y subvenciones destinadas al abono de las cuotas a la Seguridad Social en el régimen que corresponda en cada caso en la actividad agraria.

Además, esta normativa promueve que las asociaciones u organizaciones profesionales, empresariales o de otra índole que operen en el ámbito agrario que accedan a ayudas públicas tendrán que garantizar que al menos el 40 por ciento de los miembros de sus órganos de gobierno son mujeres. Habrá un periodo de transición de hasta cuatro años para que se cumplan estos mínimos, que a partir de ese momento serán obligatorios.

Igualmente, las empresas particulares y las cooperativas que tengan en marcha un plan de igualdad o en las cuales más del 50 por ciento de los miembros de los consejos rectores sean mujeres tendrán prioridad en todas las ayudas públicas en las que concurran.

Hablando de este estatuto, el consejero ha avanzado que antes de que acabe la legislatura el Gobierno tendrá acabado el borrador de la ley para el desarrollo rural territorial y que se aprobará en la próxima legislatura si el PSOE gana las elecciones, un texto que garantiza los derechos a todos los habitantes del medio rural.