En concreto, las víctimas son Pedro Antonio Cabezas González y Constantino Lima Nogueira, ambos asesinados por los Grapo en el antiguo Banco de España de Santiago de Compostela el 10 de marzo de 1989.
Tal y como plasma en la carta, Consuelo Ordóñez recuerda que es "una obligación ética y política recordar a las víctimas del terrorismo en los lugares donde fueron asesinadas" y reivindica el derecho de éstas a la memoria.
Del mismo modo, considera que las placas conmemorativas "contribuyen a que las nuevas generaciones sean conscientes de la historia de terror" vivida en España, "por lo que también suponen una herramienta de prevención de la radicalización violenta".
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