De acuerdo al relato fiscal remitido por el Ministerio público, el acusado, desde

su constitución en Panamá el 20 de enero de 2010, era socio único de una sociedad panameña, la cual se había constituido para prestar asesoramiento jurídico a Venezuela.

La prestación de estos servicios de asesoramiento determinó el pago a esta empresa de una serie de facturas que se ingresaron en dos cuentas que la entidad tenía en el banco Citibank en Zurich.

Desde una de estas cuentas en Suiza, el acusado recibió en el año 2012 la suma total de 512.000 euros mediante trasferencias a su favor de la sociedad a dos cuentas suyas.

Una de estas cuentas era de titularidad exclusiva del acusado, mientras que la otra era de la entidad La Caixa, siendo cotitulares tanto el investigado como un compañero de despacho profesional, si bien este último nada tuvo que ver ni con el dinero recibido ni con el gasto o disposición que se hizo del mismo.

Asimismo, los 512.000 euros que recibió en el año 2012 el acusado lo fueron en concepto de dividendos como único socio de esta sociedad.

El acusado presentó una declaración-liquidación correspondiente al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas del año 2012, en las que conscientemente omitió el ingreso de esos 512.000 euros como rendimientos del capital mobiliario, haciendo constar 10.500,23 euros que provenían de su condición de socio en otra entidad.

Como consecuencia de ello, le salió una cuota a devolver de 177,44 euros, que el propio investigado solicitó que se le reintegrara, lo que se materializó el 2 de julio de 2013.

De no haber ocultado esos rendimientos del capital mobiliario, la cuota resultante no hubiera sido negativa y a devolver, sino positiva, debiendo haber ingresado la suma de 139.970 euros, cantidad que debe de estimarse como cuota defraudada.

MULTA DE 200.000 EUROS

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal. Además de la pena de cárcel, pide para el procesado el pago de una multa de 200.000 euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada 1.000 euros impagados.

Asimismo, se interesa se condene al acusado, durante 4 años, a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

El Ministerio Fiscal solicita también que el procesado indemnice a la Hacienda Pública en la suma de 139.970 euros, con los intereses de demora correspondientes, y el pago de las costas procesales.