La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Feli Lois, ha asegurado que si el Gobierno hiciera lo que propone el PP sobre la concesión de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF, "cometería un delito de prevaricación administrativa".

Lois ha respondido así al PP, que este jueves ha ha acusado al Gobierno de actuar con "discrecionalidad" en la concesión de estas ayudas al, según ha señalado, "cambiar" el comité de valoración encargado de la convocatoria de las subvenciones del 0,7% del IRPF los criterios respecto a la reformulación de la solicitud cuando las entidades sin ánimo de lucro ya las habían presentado.

Además, la diputada del PP y exdirectora del ICASS Isabel Urrutia anunció que había presentado una moción que se debatirá en el Pleno del próximo lunes, 18 de febrero, en la que, entre otras cosas, se insta al Gobierno a aprobar las reformulaciones presentadas por las entidades a la resolución provisional de las ayudas, cuando cumplan con los requisitos de las bases reguladoras y de la orden de convocatoria, dejando sin efecto los criterios de valoración aprobados por el tribunal calificador con posterioridad, el 20 de noviembre de 2018.

Ante las acusaciones de Urrutia, Lois ha defendido que la actuación del Gobierno de Cantabria "se rige por el interés general y actúa de acuerdo con la ley y el derecho".

Por eso, ha señalado que instar al Gobierno a aprobar todas las reformulaciones presentadas equivale a instar al Ejecutivo "a vulnerar la Ley General de Subvenciones al pretender que acepte reformulaciones que no cumplen con los términos del artículo 27.3 de esta Ley".

La directora del ICASS ha apuntado que la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF preveía la posibilidad de instar a las entidades beneficiarias de las ayudas a reformular sus solicitudes para ajustar sus programas y proyectos subvencionados al importe fijado en la propuesta provisional de resolución.

Y, según los datos que ha dado, de acuerdo con esto, 134 proyectos de los 149 que recibieron la ayuda del Gobierno, según la propuesta de resolución, presentaron reformulaciones a sus solicitudes, ha informado el Gobierno.

Lois ha señalado que el comité de valoración admitió 77 y "rechazó motivadamente" 57, como -dice- así consta en el acta de la reunión del 5 de diciembre de 2018. De esta forma, ha desmentido de esta forma que esa decisión "se tomara en un despacho" como dijo Urrutia.

"Fue una decisión técnica, adoptada por el comité de valoración por unanimidad de todos los integrantes, incluido el técnico jurídico", ha respondido Lois.

Además, Lois ha explicado que de las 57 reformulaciones no aceptadas, 14 no mantenían el porcentaje de financiación propia comprometido en la propuesta inicial; 36 variaban las cuantías señaladas en la solicitud como financiación proveniente de otras subvenciones; en 6 de ellas la cuantía reflejada en la cantidad solicitada no coincidía con el importe fijado en la propuesta de resolución provisional y una de ellas incluía gastos de gestión y administración que no había incluido en la solicitud inicial.

"Las reformulaciones de las solicitudes tienen que respetar el objeto, las condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos", ha explicado la directora del ICASS, tal y como recoge el artículo 27.3 de la Ley General de Subvenciones.

No obstante, Lois ha explicado que las entidades, en el momento que presentaron estas reformulaciones, "ya tenía concedida la subvención e ingresado el dinero, por lo que, según ha dicho, "Urrutia miente cuando dice que se van a dejar de hacer esos proyectos". "La reformulación es posterior a haber recibido el dinero", ha añadido.

Además, Lois se ha referido a otras demandas del PP incluidas en la moción y ha señalado que, por ejemplo, la propuesta del PP de publicar las bases reguladoras y convocatorias en un plazo de 10 días desde el Consejo Territorial "es materialmente imposible".

Y es que, según ha precisado, solo desde la celebración del Consejo hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo de distribución de créditos entre las CC.AA pasaron 9 días.