La ley ha sido registrada por los cuatro socios de Gobierno después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente y posteriormente anulara a finales de julio de 2018 la anterior ley foral de reconocimiento y reparación de estas víctimas, aprobada en el Parlamento de Navarra en marzo de 2015.

En concreto, la nueva norma tiene por objeto promover el reconocimiento y reparación de las víctimas generadas por la acción violenta de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha, en aras a su equiparación con lo que, a efectos de la declaración como damnificado, se establece en la ley foral 9/2010 de ayuda a las víctimas del terrorismo.

En ese sentido, para otorgar el reconocimiento de víctima y proceder a la homologación de derechos con el resto de afectados por acciones de similar naturaleza, se instaura una Comisión de Reconocimiento y Reparación que, integrada por nueve personas, será la encargada de resolver en el plazo de un año los expedientes incoados, sin ánimo punitivo.

La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha sido la encargada de defender la propuesta, en representación del cuatripartito, y ha puesto de manifiesto que con esta ley se quiere "reconocer a unas víctimas que no están en ninguna ley". "Estas víctimas no han obtenido nunca justicia ni reparación, esto es lo que hoy vamos a corregir en este Parlamento", ha remarcado De Simón, para asegurar que es una ley que "respeta y se somete a los pronunciamientos y procesos judiciales".

Por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez ha criticado que de manera "vergonzosa" el Tribunal Constitucional anulara algunos de los artículos de la anterior ley. Y ha destacado que aunque con "mucha pena, porque la hubiéramos querido menos aguachinada y más integral, la ley vuelve a estar aquí". En su opinión, "silenciar, ocultar y disfrazar la verdad no ayuda a la convivencia ni al perdón" y ha negado que con esta ley "se quiera blanquear otro tipo de violencia".

Desde EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha manifestado que "la mayoría política y social de Navarra no arroja la toalla y aunque nos quieran condenar a la resignación, seguiremos esforzando en sacar a la luz lo que los poderes fácticos del Estado quieren silenciar". Ha considerado Ruiz que en la sentencia del TC "se retorcieron todo tipo de argumentos jurídicos por impulso político" y ha lamentado que "algunos sigan negando la realidad y negando que haya víctimas del Estado".

Por parte del grupo de Podemos-Orain Bai, Laura Pérez ha reivindicado que "en una verdadera democracia deben depurarse responsabilidades y no impedir que la sociedad conozca una verdad que es necesaria para una justa reparación personal y colectiva y evitar que los hechos se repitan". "¿Cómo vamos a superar la cultura del silencio cuando el TC pretende negarnos el derecho a conocer la verdad?", ha planteado Pérez, para quien abstenerse o votar en contra de esta ley es "votar contra el estado de derecho y la democracia".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, la socialista Inma Jurío ha afirmado que aunque los socialistas están a favor de reconocer a estas víctimas, con esta ley "sólo se va a conseguir que esas víctimas no sean reconocidas por los poderes públicos" porque "se sigue tentando la legalidad y tiene visos de inconstitucionalidad". Ha criticado, además, que el cuatripartito "haya copiado palabra por palabra y artículo por artículo" la ley suspendida por el TC y ha censurado también la postura del Gobierno de Navarra en este tema.

En representación de UPN, Carlos García Adanero ha considerado que los cuatro socios de Gobierno "hacen esta ley a sabiendas de que es inconstitucional y para que sea recurrida por el Estado". Ha remarcado que "este gobierno está formado porque lo ha apoyado un partido que sigue sin condenar el terrorismo de ETA" y ha considerado que "esta ley forma parte de la batalla del relato y del blanqueo". En su opinión, esto supone "un insulto a las víctimas".

Finalmente, la parlamentaria del PPN Ana Beltrán ha tildado de "vergonzosa" la ley presentada por el cuatripartito, con la que, a su juicio, "intentan arrojar sombras sobre un pilar tan básico de una sociedad democrática como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Ha asegurado que con esta ley "les mueve el odio y la revancha" y ha reprochado a la presidenta del Gobierno su apoyo a esta ley a pesar de ser "inconstitucional".