Según el escrito de acusación pública, entre 2015 y 2017, este empresario aprovechaba el contacto con menores que le permitía su trabajo "con la finalidad de obtener de ellos una confianza que les llevara a ejecutar actos de naturaleza sexual con su intervención".
Así, el ministerio público lo acusa de haber cometido abusos sexuales continuados contra 16 víctimas, de las cuales, 5 eran menores de 16 años; así como de delitos de exhibición de pornografía con respecto a otros dos jóvenes. El acusado estuvo en prisión provisional varios meses, hasta que depositó una fianza y fue excarcelado, con la condición de que no podía residir en Vigo.
Por estos hechos, la Fiscalía pide que sea condenado a penas que suman 54 años y tres meses de cárcel, además de solicitar que se le impongan medidas de alejamiento de las víctimas y también la medida de libertad vigilada por un plazo de 10 años.
Con respecto a la responsabilidad civil, el ministerio público pide que indemnice a las víctimas por daño moral y otros prejuicios, en cantidades que suman 38.000 euros.
Dada la naturaleza de los hechos que se van a enjuiciar, la Fiscalía ha solicitado que la vista se celebre a puerta cerrada, y que se tomen medidas para evitar el contacto visual entre el acusado y las víctimas.
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