El Juzgado de Instrucción Número 6 de Valladolid, que investiga si el Grupo funerario El Salvador se quedaba con ataúdes comprados antes de incinerar a los cadáveres y los revendían, centra las indagaciones en la posible retirada de casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sacyl) han explicado que el Juzgado, que ha levantado el secreto de sumario de la pieza del caso en la que se acordaron intervenciones telefónicas, trata de averiguar si se retiraban los féretros antes de la incineración y se revendían, unas prácticas que supuestamente se realizaron durante veinte años pero que "no afectan a todas las incineraciones" practicadas en ese periodo.

"De manera provisional, se estima que fueron retirados casi 6.000 féretros entre 1995 y 2015", han detallado las fuentes. Las personas afectadas serán llamadas de manera paulatina para que reciban información de la existencia del procedimiento judicial y se les hará el correspondiente ofrecimiento de acciones para que puedan personarse en la causa abierta.

Tras las 15 detenciones llevadas a cabo a finales de la pasada semana, cuando además se practicaron siete registros domiciliarios y de sedes de la funeraria, la magistrada ordenó el ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza para el dueño de la mercantil. También estableció prisión provisional eludible bajo fianza de 800.000 euros para el hijo del propietario, quien aún permanece en presidio.

Los otros 13 arrestados quedaron en libertad, mientras continúa la investigación en la causa por delitos continuados de estafa y falsedad, contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal. Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional, que se concretará a medida que avance la instrucción y se detalle la participación de cada investigado en los hechos, dentro de una diligencias que tienen su origen en 2017.