En concreto, el juzgado ha dictado una providencia en la que ordena que se dé traslado a Sanz, a su esposa y a la empresa Foralia de las actuaciones que se siguen en dicho Juzgado a raíz de una denuncia por un presunto delito urbanístico interpuesta en 2017 por el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua.

El juez acuerda dar traslado de las actuaciones a los denunciados después de que la Audiencia Provincial ordenara, en un auto dictado el pasado 3 de septiembre, unificar en el Juzgado de Instrucción número tres de Logroño todas las causas abiertas en el municipio riojano respecto a las construcciones en los denominados sectores diseminados del Plan General Municipal de Villamediana de Iregua.

El Juzgado de Instrucción número dos de Logroño, donde se interpuso la mencionada denuncia en 2017, no procedió a notificarla a los denunciados. Por ello, el Juez de instrucción número tres acuerda, "antes de practicar ninguna otra nueva actuación procesal, poner inmediatamente en conocimiento de los citados denunciados la denuncia interpuesta y la propia existencia de este procedimiento, otorgándoles un plazo de cinco días para personarse en la causa, si a su derecho conviene".

La denuncia fue elevada en mayo de 2017 al Tribunal Supremo porque se dirigía contra Pedro Sanz, quien tiene la condición de aforado nacional. Seis meses después el alto tribunal devolvió la causa a los juzgados de Logroño para que se hiciera constar en la exposición razonada "los indicios concretos de hechos delictivos y la supuesta participación en ellos" del implicado.