JeC propone que bancos y 'fondos buitre' paguen un 50% más de IBI por las viviendas de su propiedad

  • El grupo municipal de Jaén en Común (JeC) llevará al pleno ordinario de este mes de enero una moción en la que propone la modificación de la ordenanza fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aplicar el recargo de al menos el 50 por ciento de la cuota líquida a los inmuebles de uso residencial propiedad de bancos y 'fondos buitre' (fondos de inversión extranjeros) que se encuentren permanentemente desocupados sin causa o justificación alguna, tal y como prevé la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La moción propone también instar al Gobierno de España a la modificación de la ley del impuesto con el objetivo de crear bonificaciones en el IBI para particulares en aquellos territorios sometidos a procesos continuados de pérdida de población.

De esta forma, JeC pretende reivindicar la función social de la vivienda, tal y como contempla el artículo 33 de la Constitución Española. La portavoz de JeC, María Dolores Nieto, ha afirmado en un comunicado que se trata de hacer frente a dos realidades, por un lado "la creciente presencia de los fondos de inversión en las ciudades", y por otra, el desfase que se ha ido produciendo en territorios como Jaén, "con elevado desempleo bajos salarios y continuas pérdidas de población".

En este sentido, ha incidido en que "a esas entidades que se han beneficiado de los desahucios masivos que generó la crisis de 2008, ahora se les deja que no paguen el impuesto de sociedades y están radicados en paraísos fiscales y es incalculable los miles de millones que están dejando de pagar al estado español".

Por otro lado, Jaén en Común ha subrayado que "no puede ser que haya viviendas vacías en manos de fondos buitres o de entidades bancarias que especulan con ellas y, mientras, haya gente sin acceso a las mismas y con unas administraciones públicas que no ofrecen alternativa habitacional". Es por esto por lo que piden "actuar en favor de las personas y que estas entidades graven un mínimo de un 50 por ciento más en el IBI por las viviendas de su propiedad que están vacías sin causa justificada".

También proponen que los ayuntamientos adapten sus pliegos de condiciones para excluir de sus contrataciones a las entidades que "desvíen los beneficios que obtienen hacia los paraísos fiscales".

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