Los sindicatos entienden que la aprobación y entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias supone un "refortalecimiento" de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, para que el Gobierno, "en caso extraordinario" pueda dictar decretos-ley, de conformidad al artículo 46 del Estatuto.

Así, apuntan que si bien todos los municipios de Canarias han realizado un importante esfuerzo en mantener sus servicios de policía local a pesar de los recortes y limitaciones impuestas por el Gobierno central, "lo cierto es que en la actualidad, el envejecimiento del personal de todas las policías locales de Canarias es ya una realidad, lo que unido a la posibilidad de retirarse anticipadamente, lleva a que durante este año, además de las más de 700 plazas de policía local vacantes ya existentes y que no se han cubierto en los últimos años, los ayuntamientos canarios tengan más de 300 puestos vacantes en sus policías locales".

Según los sindicatos, casi el 60% de las distintas comisarías de la Policía Local en Canarias deben permanecer cerradas por las noches, "dejando a miles de ciudadanos y turistas sin protección, dado que la presencia de las otras fuerzas y cuerpos de seguridad desplegadas en los municipios canarios están igual o peor que las distintas policías locales".

En su opinión, cubrir esta previsión supondría "múltiples convocatorias" por todo el territorio de la Comunidad Autónoma, dándose el caso de que muchos municipios tendrían dificultades para su realización por las restricciones impuestas en materia de personal.

Por tanto, los sindicatos entienden que "está más que motivado que el Gobierno de Canarias tome cartas en el asunto y se interese por garantizar la cobertura de estas plazas de policías locales".

Así, entiende que debería ponerse a disposición de la administración municipal para que mediante una delegación de competencias de cada ayuntamiento interesado realice y gestione todas las pruebas, unificándolas por islas, para acabar proponiendo a cada ayuntamiento las nuevas personas funcionarias para su nombramiento, gestionando de manera inmediata procesos formativos preceptivos, "pero que han de ser flexibles y con formación en el puesto, que no solo conllevaría la reducción del gasto público sino lo más importante, poder disponer de funcionarios policiales en un plazo sumamente inferior".