A través de un auto y después de haber recibido los escritos de las acusaciones, la jueza decreta la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial para Marín Lara por dos delitos de prevaricación, otros dos de falsedad en documento oficial, uno de fraude, otro continuado de tráfico de influencias y un último de cohecho.

Asimismo, en dicha resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la instructora acuerda abrir juicio oral contra otros cinco exresponsables políticos en el Ayuntamiento, que son tres exediles por delitos de tráfico de influencias o cohecho, según el caso; así como contra los entonces secretario y arquitecto municipales; y por último contra un empresario.

La causa se centra en el proceso para la construcción de una gran superficie comercial y los trámites realizados, como la enajenación presuntamente "irregular" del antiguo recinto ferial, para lo que se tomaron decisiones urbanísticas "arbitrarias en favor del interés privado" y sin respetar los procedimientos legales, según el fiscal; las sucesivas adjudicaciones también supuestamente irregulares de obra pública a una empresa, así como un préstamo de dicha sociedad.

Asimismo, la jueza rechaza abrir juicio oral contra otras tres personas a las que acusaba IU, al recordar que el auto de procedimiento abreviado vincula a las acusaciones y no se puede abrir juicio oral por hechos que sean distintos a los que contiene dicha resolución ni contra personas para las que se ha decretado el sobreseimiento, ya sea provisional o libre.

Además, señala que la acusación popular que representa IU "no puede ejercitar esta acción de forma autónoma, pues si bien prestó fianza, no interpuso querella", la cual no es necesaria si se adhiere a los manifestado por la Fiscalía pero sí en caso contrario. Asimismo, rechaza también la responsabilidad civil solicitada por esta parte para los acusados.

La instructora acordó en julio del año pasado seguir el procedimiento contra estas siete personas en un auto que fue recurrido por parte de seis de los acusados y que se encuentra pendiente de lo que resuelva la Audiencia Provincial, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Esta causa, cuyas detenciones se produjeron en septiembre de 2011, tiene 55 tomos y 14.972 folios. La Fiscalía Anticorrupción solicita de forma provisional para el exalcalde una pena de diez años de prisión y 35 de inhabilitación para empleo o cargo público.