Una decena de sindicatos vascos han denunciado este viernes que el Gobierno español "sigue inamovible" en lo que respecta a la política penitenciaria que se aplica a los presos de ETA y le han instado a "que sean valientes, den los pasos necesarios y cumplan su propia ley".

En una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Bilbao, y tras una pancarta en la que se podía leer 'Konponbide garaia da. Orain Presoak', los sindicatos ELA, LAB, UGT, ESK, Steilas, CNT, CGT/LKN, EHNE, Hiru y Etxalde han recordado que tienen previsto llevar a cabo la misma dinámica de protesta cada tercer viernes de cada mes.

En declaraciones a los medios de comunicación, Cristina Álvarez, de LAB, y Ana Pérez, de Steilas, han valorado que diez sindicatos vascos, "a pesar de las diferencias y las distintas opiniones", hayan "consensuado una acción unida en defensa de los Derechos Humanos de los presos".

A su juicio, la "unidad de acción sindical" viene a demostrar que "gran parte de la ciudadanía vasca apoya las medidas a favor del acercamiento de los presos" de ETA.

"Exigimos a los gobiernos español y francés que cumplan su legalidad. Si queremos dar pasos hacia una verdadera convivencia y pacificación se deben dar pasos en política penitenciaria", han argumentado.

Cuestionados por las manifestaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que señalaba que la dispersión de los presos de ETA "era una política antiterrorista" de tal forma que "una vez disuelta" la banda no parece conveniente mantenerla, han reclamado al Ejecutivo que "cumpla sus propias leyes".

"Efectivamente es una medida antiterrorista (la dispersión) y en este momento se deberían dar pasos a favor de un proceso democrático y de paz", han considerado.

De este modo, ha lamentado que se están "dando pasos desde un lado" mientras el Gobierno español "sigue inamovible", aunque "es hora de que sean valientes, den los pasos necesarios y cumplan su propia ley".

Por todo ello, han solicitado que las personas penadas enfermas graves con padecimientos incurables puedan ser clasificados en tercer grado y sean excarcelados por razones humanitarias y de dignidad personal".

Del mismo modo, han reclamado a los gobiernos español y francés el acercamiento de la totalidad de los presos evitando un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar.

También han pedido la evolución de primer a segundo grado sobre bases que respondan verdaderamente a las circunstancias de cada persona presa y su situación penitenciaria, "tal y como determina la legislación penitenciaria".