Así lo ha indicado este martes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha realizado un balance de la RGC en un acto en el que ha estado acompañada por el secretario general de su departamento, Jesús Zurita, y el gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl Pérez.

García ha destacado la "eficacia" de la RGC para la inserción laboral en esta legislatura, en la que se ha producido un incremento "constante" del número de beneficiarios que han abandonado la prestación al haber encontrado trabajo, concretamente 2.356 en 2015; más de 3.000 en 2016 y 2017 y 3.360 en 2018.

Esta mejora se ha conseguido tras facilitar que se vuelva a percibir la Renta de forma automática si el beneficiario finaliza el empleo logrado a través de los itinerarios de inserción socio-laboral de la Consejería, de la contratación de los perceptores por empresas y entidades sin ánimo de lucro, la atención a los inscritos en Garantía Juvenil, subvenciones a entidades del tercer sector o contratación por parte de las corporaciones locales.

Asimismo, el acceso al empleo ha repercutido en la reducción de las solicitudes a la RGC, que en 2018 ha descendido en un 40 por ciento respecto a 2015, al pasar de 8.584 a 5.134, como ha explicado la consejera.

De igual forma, han descendido en un 10,6 por ciento los titulares de la prestación, puesto que se ha evolucionado de los 11.813 titulares en 2015 a los 10.557 en 2018, mientras que el 87 por ciento de estos titulares son estructurales -tienen mayor vulnerabilidad y más persistente- y el 13 por ciento son coyunturales -carecen de recursos en un momento puntual-.

Asimismo, también ha bajado el número de beneficiarios en coherencia con los titulares. En este caso, han descendido en un 17 por ciento las personas que han necesitado ser beneficiarias de esta prestación, que han pasado de los 29.308 en 2015 a los 24.401 en 2018.

Otros datos "relevantes", según ha insistido García, son los de la cuantía promedio de la RGC, que se sitúa en 536,67 euros al mes por titular, con un mínimo de 430,27 euros si es un titular beneficiario único o un máximo de 699,19 euros si es con familia.

De este modo, en los últimos cuatro años se han proporcionado más de 500.000 ayudas de Renta Garantizada, cantidad que resulta de multiplicar cada titular perceptor por cuatro años y por doce pagas cada año, lo que supone 139.000 ayudas de media en cada ejercicio.

Respecto al perfil del perceptor, la consejera de Familia ha apuntado que el 28,3 por ciento tienen entre 36 y 45 años; el 62,4 vive en el medio urbano; el 58 son mujeres y el 57,3 por ciento son titulares don cargas familiares. Igualmente, ha señalado que el 88,5 por ciento corresponde a personas de nacionalidad española, mientras el 11,5 a extranjeros de 84 países distintos, entre los que destacan Marruecos, Bulgaria, Rumanía o Colombia.

Otras de las mejoras realizadas durante la presente legislatura han sido la ampliación de los supuestos de compatibilidad con otras prestaciones, la flexibilización de los requisitos de acceso a la Renta;

la mejora el procedimiento de concesión con el reconocimiento al derecho desde el mes siguiente a la solicitud y la reducción a un mes de la suspensión en caso de determinados supuestos de incumplimiento por parte del perceptor.

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE PROBREZA

Para todo ello, la Consejería ha destinado 300 millones de euros. En este aspecto, García ha subrayado que 2018 ha sido el primer año en el que el presupuesto ha descendido debido a los descensos anteriormente señalados, por lo que se han ejecutado casi 72 millones de euros de los 79 presupuestados en un principio.

La evolución de la RGC también ha mostrado la reducción de la tasa de riesgo de pobreza en la Comunidad, que en 2017 se redujo 2,3 puntos llegando al los 15,4, lo que supone estar 6,2 puntos por debajo de la media nacional, como ha reiterado García.

De esta manera, Castilla y León es la tercera región con menor tasa de hogares con carencia material severa y la segunda con menor tasa de niños en hogares con privación material severa, a lo que se suma la reducción en la tasa de población que vive en un hogar con baja intensidad en el trabajo, la cual disminuyó en cinco puntos pasando del 14,2 al 9,2.

Junto a esto, y según el último Informe disponible sobre Rentas Mínimas de Inserción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que hace referencia a datos de 2016, la RGC de Castilla y León destaca en varios aspectos, como en cuantía mínima, la cual estaba en 2016 por encima de la media nacional con 426 euros (que han subido ya 430,27 euros en 2018 debido a las últimas mejoras reseñadas anteriormente) frente a los 410,25 euros de España.