Así lo ha explicado el letrado que defiende a los acusados, Oliver Roales, quien ha apuntado que se ha justificado la imposibilidad de asistir de su cliente ante el juez, que ha acordado el aplazamiento, fijándose una nueva fecha para el 5 de marzo.

El abogado ha señalado que ese día se abordarán las cuestiones previas, entre las que está la petición que él va a realizar de que se citen como testigos a tres activistas que estaban cuando los hechos y a un vecino; así como que se practiquen otras pruebas.

Cada uno de los activistas se enfrenta a una petición de dos años y medio de prisión por los delitos de desobediencia, atentado contra la autoridad y lesiones leves. El fiscal les acusa de haber agredido a policías en el momento de la detención, algo que la defensa niega.

El letrado ha indicado que en el momento de la detención no se produjo "ningún tipo de resistencia ni existe de violencia" por parte de sus clientes, mientras que por contra se ha presentado una querella "por la que se está investigando un delito de tortura por parte de la Policía" cuando los trasladaron a la Comisaría.

El letrado ha señalado que la razón de la detención y de este procedimiento "es intimidatorio, es decir, es simplemente explicarle a la gente qué es lo que pasa si te manifiestas o si pasas varios meses en una acampada protestando por una cosa que a la ciudadanía le parece totalmente injusta".