Mientras el Gobierno local socialista defiende que el edificio no será ofertado "al mejor postor" y que en su adjudicación a una empresa primará la cesión de espacios al Ayuntamiento, pues la calificación terciaria admite oficinas, un hotel, equipamientos, pequeños comercios o un uso sociocultural, este colectivo apoyado por Participa e IU avisa de que "PP y PSOE, con la abstención de Ciudadanos, han decidido pasar el edificio a manos privadas para hacer negocio".

Todo ello, cuando en esta zona del casco histórico "hacen falta escuelas infantiles, colegios e institutos de FP públicos o un centro de día para mayores", toda vez que precisamente por ello, el actual planeamiento urbano calificaba el edificio como suelo de Interés Público y Social.

Dado el caso, el citado colectivo, que ha protagonizado una concentración ante el Ayuntamiento a cuenta del mencionado aspecto del pleno ordinario celebrado este viernes, ha anunciado alegaciones contra la "privatización" del edificio de la Antigua comisaría de la Gavidia.

El inmueble se localiza en pleno centro neurálgico de Sevilla y después de funcionar durante décadas como comisaría de la Policía Nacional, fue cerrado en 2003 y después cedido al Ayuntamiento.

Desde entonces, el Consistorio ha intentado varias veces vender el inmueble, aunque siempre sin éxito. En el pasado mandato, el entonces gobierno local del PP promovió de hecho una primera modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para reclasificar el edificio de suelo de interés público y social (SPIS) a suelo de gran superficie comercial, si bien al arrancar el actual mandato y recuperar el PSOE el poder, el Ayuntamiento desistió de completar dicha operación para decidir qué uso dar al edificio.

Para ello, sobre la mesa han pesado distintas propuestas para destinar el edificio a un hotel, un espacio de salud y deporte, un centro de investigación y emprendimiento universitario, un espacio socio cultural o un enclave dedicado a la memoria histórica.

LUGAR DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Y es que recientemente, el edificio era declarado como Lugar de Memoria Democrática a cuenta de su papel durante los años de la dictadura franquista, otro de los argumentos que esgrimen quienes reclaman que la antigua comisaría sea destinada a usos públicos.

En cualquier caso, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno local del PSOE y el Grupo popular del Ayuntamiento para que los populares se abstuviesen en la votación del proyecto presupuestario de 2018 incluía el compromiso de promover una nueva recalificación del edificio, para que el mismo admita usos terciarios y ofrecer de nuevo el inmueble al sector privado, como así está sucediendo.