Pontón ha remarcado el hecho de que el fallo, tras los recursos presentados a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, llegue "16 años después de la catástrofe". De su contenido, afirma que es "decepcionante" e injusto".

"Significa una nueva burla a todos los gallegos y gallegas que vimos cuáles eran las graves consecuencias de la catástrofe", ha manifestado Pontón, para quien es "frustrante" ver una justicia "más interesada en defender a los poderes del Estado y económicos que no hacer justicia".

Así, del pleito judicial que originó el siniestro, lamenta que "dejase libre de toda responsabilidad a Aznar, Rajoy y Álvarez Cascos", señala sobre el gobierno del PP cuando se produjo la catástrofe, en noviembre de 2002.

Por otra parte, sobre las indemnizaciones, reclama que haya una inversión en Galicia, "en

la recuperación de nuestras costas", aunque cuestiona el importe de la cantidad fijada finalmente como indemnizaciones. "No nos pueden decir que todo el chapapote que inundó nuestras costas son solo 1.500 millones de euros, los daños son mayores", ha añadido.

CUANTÍA DE LAS INDEMNIZACIONES

En su fallo, el Supremo fija indemnizaciones a pagar por los responsables civiles de la tragedia al Estado español -como principal perjudicado-, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido, entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.

La sentencia aumenta la cuantía inicial fijada por la Audiencia Provincial de A Coruña al reconocer a Francia y España que deben incluirse las cantidades correspondientes al IVA abonado en las tareas de reparación del daño sufrido, concepto que en el caso del Estado español asciende a 43,6 millones. También estima que no pueden ser descontadas las cantidades recibidas en concepto de ayudas de fondos comunitarios.