Al debate, al que han asistido representantes de las asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo, habían llegado vivas casi 300 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios tras escuchar las aportaciones de los más de 30 comparecientes que han pasado por la Comisión de Cultura, Igualdad, Juventud y Deportes, después de que fuera rechazada la enmienda a la totalidad presentada por el PP al proyecto de ley elaborado por la Junta.

En el turno de defensa de las 20 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, el parlamentario Fernando Ayala ha señalado que en ellas propone fundamentalmente cambios en el uso del lenguaje no sexista, y asimismo introduce la represión a la que fue sometida el colectivo LGTBI y la mujer durante la dictadura franquista.

Asimismo, ha justificado el rechazo a la mayor parte de las enmiendas presentadas por el resto de grupos, en especial a las del PP, con el objeto de "no desvirtuar" el objeto de la ley y por respeto al trabajo realizado durante tanto tiempo por la comisión de expertos que participó en la elaboración del borrador del texto legislativo.

Asimismo, ha anunciado que su grupo ha registrado una propuesta de pronunciamiento para reclamar al Gobierno una reforma de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que supuso un "paso enorme, sustancial", pero contiene "insuficiencias" que esta ley autonómica pretende paliar, como la propuesta de creación de una "comisión de la verdad", la puesta en marcha de un banco de ADN para identificar a las víctimas, una revisión de las sentencias del Franquismo, y el establecimiento de los protocolos de exhumación.

Ya en el turno de fijación de posiciones, ha rechazado las enmiendas del Grupo Popular y del concejal no adscrito, Juan Antonio Morales, en las que se solicitaba ampliar a 1931 el periodo de actuación de la ley, que ha quedado fijado desde el "golpe militar" en 1936 hasta la aprobación de la Constitución de 1978.

Así, ha dicho que esta ley trata de facilitar las labores de búsqueda de restos de víctimas de la represión, pero también pretende "levantar conciencias" a través de la educación. Al respecto, ha señalado que con esta norma la derecha tiene la "responsabilidad de dar carpetazo a la dictadura".

"Hoy es el día de Conchita Viera", ha dicho en alusión a la hija del alcalde de Valencia de Alcántara represaliado y cuyos restos han sido localizados junto a otro medio centenar de víctimas en una mina, cuyos familiares "podrán rescatar del pozo del olvido sus restos".

EL PP, CONTRA UNA "VERDAD RELATIVA Y PARCIAL"

La diputada del Grupo Popular María Inés Rubio, ha señalado que el grueso de sus 122 enmiendas presentadas pretendían corregir un texto que en lugar de ofrecer una memoria histórica presenta una "verdad relativa y parcial".

En concreto, se enmarcan en tres ejes fundamentales, como son la "idealización extrema de la Segunda República, al modelo de la democracia actual"; por otro lado la condena de los crímenes cometidos únicamente por un bando, mientras que se "relativizan" los del otro; y la limitación de la definición de víctima exclusivamente a quienes murieron a manos de los vencedores.

Con esta ley, considera que la izquierda trata de "instrumentalizar" el "mayor fracaso" de la historia reciente del país, en alusión a los acontecimientos "convulsos" ocurridos, en su opinión durante la Segunda República, la Guerra Civil y sus "consecuencias", en alusión al Franquismo.

Un proyecto de ley, que según ha dicho es un "corta y pega" de más del 90 por ciento de la norma aprobada en Andalucía, que "incide de manera flagrante en el uso como arma política de la Guerra Civil y el Franquismo para confrontar a los extremeños mediante la imposición de un relato ideológico parcial, que silencia todo lo que pueda resultar incómodo ante la pretensión de construir una verdad oficial del pasado de Extremadura", ha defendido.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de incluir los acontecimientos de "violencia política" vividos en el país entre 1931 y 1936, de forma que se "pretende cancelar el reconocimiento a quienes fueron perseguidos durante la Segunda República o la Guerra Civil por parte de fuerzas republicanas".

Y es que, en su opinión, esta debería ser una ley de "recuerdo y reparación de todas las víctimas, sin exclusiones", que debería hacer más hincapié en la "concordia" en lugar de en la "confrontación" de las posiciones ideológicas de izquierdas y derechas, para no repetir el "error" que ya se cometió durante el Franquismo por el cual únicamente se reparó a las víctimas de un solo bando, en este caso del vencedor.

UNA LEY DE "JUSTICIA" PARA PODEMOS

La diputada de Podemos Jara Romero, en defensa de sus 116 enmiendas, ha señalado que con esta ley se logra una "Extremadura más justa y democrática" con la que ganan "todos", puesto que ya hubo un "resarcimiento de unas víctimas" en el pasado.

Al respecto, se ha referido al silencio impuesto durante décadas a los familiares de las víctimas de la represión franquista, y posteriormente a las dificultades que se han encontrado las asociaciones memorialistas para llevar a cabo su cometido.

Con sus enmiendas, muchas de ellas aprobadas tras el acuerdo con el Grupo Socialista, la formación morada pretendía mejorar el texto inicial para recoger las demandas realizadas por los diferentes colectivos que han expuesto su visión durante el trámite parlamentario de la Ley.

Entre ellas, la necesidad de dotar presupuestariamente las medidas en ella recogidas, para evitar lo que en la práctica está ocurriendo con la ley estatal de 2007, que "ha quedado inutilizada por la falta de recursos", entre otras materias, para la búsqueda de represaliados.

Coinciden con los socialistas en recoger la violencia ejercida durante este periodo contra el colectivo LGTBI o hacia las mujeres, así como el robo de bebés de familias del bando perdedor para entregarlos a otras del ganador.

También ha reclamado mejorar en el procedimiento de localización e identificación de las víctimas; anular los juicios del franquismo, mejorar el acceso de investigadores a los archivos; investigar el destino del patrimonio robado a las víctimas de franquismo; establecer protocolos para fuerzas de seguridad y para los órganos judiciales, entre otras.

Asimismo, ha apostado por introducir medidas que impidan la "apología del franquismo", en una clara alusión al diputado no adscrito, ahora militante de VOX, al señalar que es una "vergüenza" que en las instituciones públicas se sienten "franquistas condecorados".

Finalmente, se ha referido a las advertencias realizadas por la ONU a España por la gestión de los desparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, y en este sentido ha reclamado la puesta en marcha de un plan de búsqueda de sus restos de forma urgente.

Por último, el diputado no adscrito Juan Antonio Morales, que ha presentado 34 enmiendas, ha insistido en que esta norma incurre en el mismo "vicio parcial y sectario" que su "ley matriz", en referencia a la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Sobre la norma regional aprobada, ha señalado que es "totalitaria y antidemocrática", y ha dicho que si VOX gobierna en Extremadura promoverá la derogación de una ley que, en su opinión, "enfrenta a los ciudadanos" y pretende "desenterrar a los muertos de un bando, porque no les gusta a los perdedores".

La diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, no ha participado en el debate y en la votación se ha abstenido.