Se trata de un trabajo que ha sido realizado por la propia Fudepa, gracias a la subvención y financiación de la Diputación de Córdoba, y que ha servido para localizar y digitalizar 140 procedimientos, algunos de los cuales afectan a más de un encausado.

El objetivo de este estudio, que próximamente estará disponible en la web de la fundación (http://www.fudepa.org/), es conocer el protagonismo del movimiento obrero en la provincia de Córdoba y como éste fue víctima del aparato represor franquista.

Desde la Fudepa consideran que este trabajo "resulta de interés y aporta una información de gran valor para la Memoria Democrática de Andalucía, por cuanto se describen y digitalizan, de cara a su difusión, algunos de los sumarios incoados a sindicalistas de Córdoba y provincia, muchos de ellos hasta ahora desconocidos para la investigación".

La documentación en la que se basa este trabajo es una fuente documental imprescindible, pero incompleta, ya que lo estudiado pertenece solo a una parte (los juicios). De hecho, hay que entender los consejos de guerra como "un mecanismo represivo más de los sublevados, destinado a controlar a la población, a extender el miedo, a eliminar o encarcelar a los disidentes", según la Fudepa.

Al acto de presentación del estudio han asistido la gerente de la Fudepa, Josefa Castillejo; la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Esther Ruiz; la teniente de alcalde de Fomento del Desarrollo Económico y del Comercio del Ayuntamiento de Córdoba, María del Mar Téllez, y el responsable de Memoria Democrática de UGT CEC, Sebastián Pacheco, entre otros responsables del sindicato.

Castillejo ha señalado que se trata de "un modesto estudio que aporta bastante a la memoria histórica de Andalucía, puesto que se analiza una faceta que no ha sido muy estudiada hasta ahora por los historiadores", mientras que Sebastián Pacheco, por su parte, ha reivindicado todo el movimiento memorialista, ya que "todos los estudios que se hagan sobre los archivos que existen de lo que pasó en España durante la Guerra Civil y tras ella deben conocerse".

"DEVOLVER LA VOZ"

Finalmente, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, ha dicho que el estudio "forma parte de un conjunto de acciones emprendidas por la sociedad civil y por las administraciones progresistas para devolver la voz, la palabra y el respeto a quienes durante el alzamiento militar del 36, primero, y la dictadura, después, se los quitó".

A su juicio, este trabajo "responde a la necesidad

de conocer con objetividad lo que pasó, para que a partir de los hechos pasemos a valoraciones fundadas, comprobadas y justificadas, a prueba de nuevos intentos de manipulación", alertando Ruiz del "silencio que desde algunos sectores se quiere volver a imponer sobre estos temas", y ha defendido la necesidad de "concienciar a las nuevas generaciones para que sigan trabajando por la paz, el diálogo y la democracia".

Finalmente, la delegada ha destacado que en Andalucía, "gracias a nuestra autonomía, tenemos una Ley de Memoria Histórica y Democrática y un Plan Andaluz de Memoria Democrática", habiéndose ya "iniciado una serie de acciones para salvaguardar los derechos de las víctimas y responder a las demandas de los andaluces sobre verdad, justicia y reparación de todas las atrocidades cometidas durante el franquismo".