La investigación se inició después de que un familiar de la víctima, un anciano con una enfermedad neurodegenerativa, informara a los agentes que desde hacía varias semanas le habían llegado a su domicilio varias cartas y requerimientos de pagos de deuda por parte de dos compañías de telefonía móvil, impidiendo además a la víctima obtener un préstamo bancario por estar incluido en una lista de morosos, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

Posteriormente los agentes pudieron comprobar, gracias a la información aportada por la denunciante y a los informes requeridos a las compañías telefónicas en cuestión, los indicios suficientes para identificar y relacionar con la estafa a los presuntos autores de los hechos, que fueron investigados en sede policial, quedando a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana.

Asimismo, en base a las pesquisas realizadas, la Guardia Civil cree que, al ser los investigados antiguos inquilinos de una vivienda de la víctima, los datos personales los obtuvieron del propio contrato de alquiler, dando de altas de las líneas de manera telefónica.