El Gobierno laborista de Gordon Brown pretende que los extranjeros que lleguen a Gran Bretaña tengan que pagar un nuevo impuesto exclusivo para inmigrantes a la hora de obtener su visado. La medida busca que colaboren en el pago de las escuelas y los hospitales que utilicen, según anunció ayer la ministra de Exteriores, Jacqui Smith.

El impuesto, de unas 20 libras (26,4 euros), se incrementará cuanto mayor sea la edad del inmigrante, candidato a utilizar con mayor frecuencia los servicios sanitarios. Lo mismo pasará con los menores, por el coste de la escolarización.

La tasa afectaría a los inmigrantes extracomunitarios, y no se aplicaría a personas de la UE, incluida Europa del este y algunos países de la Commonwealth. Con ella, el Reino Unido quiere recaudar al año 15 millones de libras (unos 20 millones de euros).

El plan propuesto por Smith plantea que los extranjeros pasen «un periodo de prueba» que oscilará entre uno y tres años, dependiendo del grado de compromiso social de la persona. En ese tiempo, el inmigrante tendrá que demostrar su integración. Para los que infrinjan la ley, el proceso será mucho más largo, o incluso se les negará el pasaporte. El Gobierno también contempla una legislación en la que los inmigrantes tengan que «ganarse» el pasaporte aprendiendo inglés.

Los «valores» británicos

Smith afirmó que el Reino Unido «es un país de libertad y tolerancia, oportunidad y diversidad», valores que, según ella, «se refuerzan con la expectativa de que los que vivan aquí deberían conocer nuestro idioma, jugar según las reglas, respetar la ley y contribuir a la economía».

Más de un millón de inmigrantes han recibido el pasaporte británico desde que los laboristas están en el poder en Gran Bretaña (1997). En 2007 llegaron más de 150.000 frente a los 40.000 de 1997.

El polémico contrato del PP

Mariano Rajoy anunció el 6 de febrero que si llega a La Moncloa expulsará de España a los inmigrantes que cometan delitos. Del mismo modo, prometió que pondrá en marcha «un contrato de integración», por el cual los inmigrantes se comprometan a «cumplir las leyes, aprender la lengua y respetar las costumbres de los españoles». La propuesta fue recibida con duras críticas por parte del Gobierno y las asociaciones de inmigrantes, que han convocado una protesta para este sábado en distintas ciudades.