"Este resultado es el más alto obtenido históricamente por la Inspección de Trabajo en la comunidad autónoma", ha asegurado el consejero de Empleo quien ha significado el "salto cualitativo" que supone en el objetivo compartido de mejorar la calidad del empleo a través de la conversión de contratos temporales en indefinidos y de parciales en contratos a tiempo completo.

Según ha detallado el consejero con motivo de la reunión de la Comisión Autonómica de la Inspección de Trabajo en la que se han presentado los datos provisionales de ejecución en Castilla y León del Plan Director por un Trabajo Digno, entre agosto y octubre se han transformado 1.990 contratos temporales en indefinidos, lo que supone un 67,5 por ciento del total de los 2.949 trabajadores afectados por las cartas remitidas por el Gobierno.

Además, se ha procedido a incrementar la jornada de 230 trabajadores, es decir, un 14,5 por ciento de los 1.586 afectados por las comunicaciones remitidas por el Gobierno en la primera fase del plan de choque contra la contratación temporal fraudulenta.

En la reunión de la Comisión Operativa, la primera que realiza el Gobierno con una comunidad autónoma -"nos congratula y satisface", ha significado el consejero-, se han destacado los "buenos resultados" de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de relaciones laborales, cuya competencia inspectora corresponde a la Consejería de Empleo, con especial atención a la lucha contra el uso fraudulento de la contratación temporal que ha permitido transformar 5.817 contratos temporales en indefinidos -casi 3.000 han correspondido a mujeres-, una "cifra récord", según Fernández Carriedo.

El consejero también ha avalado los "positivos" resultados de la actuación de la Inspección de Trabajo en materias de seguridad y salud, empleo irregular y Seguridad Social ya que han superado los de 2017 y entre los que ha destacado un incremento del 12,4 por ciento en las cuantías de los expedientes de liquidación de cuotas a la Seguridad Social que han alcanzado de enero a noviembre 34,49 millones de euros

frente a los 30,68 del mismo periodo del año anterior.

Por otro lado, la Comisión Operativa ha dado el visto bueno a la planificación para 2019 cuando se realizarán 43.843 expedientes de inspección que se orientarán a los objetivos fijados en el Plan Director por un Trabajo Digno aprobada con el acuerdo y participación de Castilla y León y que integra también las prioridades fijadas por la Junta, consensuadas a su vez con los interlocutores sociales, algo que, según ha constatado el consejero, no ocurre en la mayor parte de las comunidades.

En este contexto, ha anunciado que Castilla y León ha sido elegida por el Gobierno de la nación para ser "referente y prototipo" de un programa de actuación de inspección laboral en materia de comercio electrónico, para afrontar las nuevas modalidades de prestación de trabajo y las figuras que ocultan trabajo por cuenta ajena en donde se incluyen actuaciones para detectar el fomento del falso autónomo, trabajo oculto y falsos becarios.

Por último, se reforzarán las actuaciones para reducir la accidentalidad y morbilidad laboral con la planificación de 10.249 actuaciones para 2019.

Según ha recordado por su parte el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Plan Director por un Trabajo Digno fue aprobado en Consejo de Ministros de 27 de julio para recuperar derechos laborales, mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo y reforzar la sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.

Así, ha relatado el Plan estableció dos fases de actuación, la primera a través del envío de 81.639 cartas a empresas incumplidoras para que regularizaran la situación y la segunda, ahora en curso, con una actuación inspectora dirigida a las empresas que no han cumplido.

3.194 CARTAS A EMPRESARIOS DE CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León, se remitieron 3.194 comunicaciones, 2.281 motivadas por un fraude en contratación temporal y 913 por posibles supuestos de uso irregular de la contratación a tiempo parcial.

Por su parte, los representantes de los sindicatos y de la patronal han reconocido los avances conseguidos a través de este Plan de Choque con una petición expresa para cubrir "de forma inmediata", al menos, las 9 plazas de jefes de inspección en función además de la siniestralidad y de la extensión geográfica de la Comunidad, en palabras del secretario de Acción Sindical de CCOO, Fernando Fraile.

Mientras tanto, su homólogo en UGT, Raúl Santaeufemia, ha reconocido que el Plan de Choque del Gobierno ha supuesto "un antes y un después" para que los empresarios abandonen algunas inercias contractuales, como ha compartido también la portavoz de Cecale, Ángela de Miguel, quien ha avalado la eficiencia de un modelo que funciona. "Los resultados están ahí", ha añadido que ha destacado la estrategia de Gobierno de informar antes a los empresarios ante una posible situación irregular para dar la opción así de hacer las cosas bien.

De Miguel ha advertido a este respecto de la "competencia desleal" que supone la economía irregular ya que perjudica a las empresas cumplidoras.

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