Juicio en Ourense contra cargos de Facenda investigados.
Juicio en Ourense contra cargos de Facenda investigados. EUROPA PRESS

El abogado ha señalado que su clienta, que ha comparecido este mismo día ante el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense, ha dicho que "no entendía por qué le hacía eso la Xunta de Galicia" y que "nunca jamás se sentó a hablar con ella".

"La Xunta empezó a actuar cuando hubo una denuncia y una querella de Fiscalía; antes, no. Estos señores han creado un problema que es culpa de ellos y no ofrecen solución ninguna. Entendemos que lo que están haciendo es intentar que esta señora se vaya sí o sí de la vivienda", ha lamentado el letrado minutos después de salir del edificio judicial.

En este sentido, ha concretado que, en el curso de la causa, la Xunta "envió una carta certificada" en la que indicaban que "no se sientan a hablar ni ofrecen nada" mientras no se resuelva el asunto penal para evitar malos entendidos "cuando no tiene nada que ver", ha criticado.

Asimismo, ha destacado que la forma de actuar de la Xunta de Galicia con el otro inquilino del inmueble "fue totalmente distinta" a la forma en la que actuó con su patrocinada, ya que "con él se sentaron a negociar y tenía una propuesta encima de la mesa para que abandonara" el piso.

"Con mi clienta, la única comunicación fue en el año 2013, en la que se decía: usted abandona la vivienda el 31 de diciembre de 2013. No hubo nada más. No se sentó a negociar. No sabemos a qué se debe esta diferencia de trato. Seguimos pensando que es acoso y ella asegura que se sintió presionada por esta actuación de la Xunta de Galicia", ha apostillado Roberto Estévez.

Con todo, el abogado de la parte afectada ha avanzado que, "ahora mismo", el ascensor funciona y el servicio de limpieza también y ha criticado que durante los seis meses sin el servicio ascensor, la Xunta no ofreció solución al problema, por lo que valorará "qué indemnización se pide" si el caso "sigue adelante".

Según señala el representante del Ministerio Público en su querella, el objetivo de los investigados era que los residentes desalojasen sus viviendas "no sustituyéndose el alumbrado" o "no realizando el mantenimiento del ascensor", tras la negativa del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Ourense y de la Audiencia Provincial de Ourense a su petición de desahucio.

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