se enfrenta a cuatro años y medio cárcel como presunto autor de un delito de fraude a la Seguridad Social por dejar de abonar del 2014 a 2016 un total de 531.822 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social en concepto de cuotas por sus empleados contratados en el grupo de empresas del que es administrador único.

En el juicio celebrado por la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén, R.C.M. ha declarado que sus empresas empezaron sufrir los efectos de la crisis económica en 2009 y que desde entonces ha ido arrastrando pagos a los que tenía que hacer frente. Por eso en el periodo comprendido entre 2014 y 2016 dejó de abonar las cuotas a la Seguridad Social, incluido el porcentaje que descontaba de las nóminas a la plantilla conformada por una treintena de trabajadores.

"Las he pagado mientras he podido pagarlas", ha indicado R.C.M. durante el juicio, al tiempo que ha insistido en que "en ningún momento he dicho que yo no fuera a pagar". De hecho, ha señalado que en 2016 la Seguridad Social se cobró 175.000 euros embargando el dinero que le abonaba uno de sus clientes.

Por su parte, los agentes ejecutivos de la Tesorería General de la Seguridad Social han declarado que el acusado en 2015 acumulaba hasta cinco expedientes por impagos con la Seguridad Social y aunque se negociaron con él "entre ocho o diez aplazamientos" nunca llegó a cumplir con los compromisos adquiridos.

El Ministerio Fiscal sostiene que R.C.M. "aprovechando la multitud de empresas distribuidas por la ciudad de Jaén y a pesar de los beneficios de las mismas" descontaba las cuotas de afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores, cantidad que a su vez no abonó a la Seguridad Social entre los años 2014 y 2016 ya que tenía domiciliados los pagos en una cuenta sin fondos.

Las cantidades no ingresadas generaron un perjuicio a la Tesorería General de la Seguridad Social y a los trabajadores de las empresas del acusado, que a pesar de haberle realizado el descuento de las correspondientes cuotas de sus salarios, en la Seguridad Social no constaba ninguna cotización a su favor.

El Ministerio Público ha cifrado el perjuicio en 521.822 euros, cantidad que ahora se le reclama en concepto de responsabilidad civil. Además de los cuatro años y medio de cárcel que pide inicialmente Fiscalía, también se solicita que se imponga una multa de 1.063.644 euros.