En este marco, el Ayuntamiento ha manifestado en un comunicado que la Policía incrementará la realización de controles preventivos de presencia de alcohol y drogas en los tres turnos de trabajo con la finalidad concienciar a la ciudadanía de la incompatibilidad del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes con la conducción de vehículos.

Junto a ello, desde la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento se ha recordado la "obligación de cumplir la normativa" al tiempo que se ha apelado a la responsabilidad, especialmente en fechas de celebración y más desplazamientos, para "evitar accidentes y daños que pueden llegar a ser irreparables".

Según datos de la DGT, transmitido por el Ayuntamiento, el alcohol está presente como factor concurrente o desencadenante en un tercio de los accidentes mortales y su presencia en la conducción dependiendo de su tasa, multiplica entre dos y 15 el riesgo de sufrir un accidente, así como que "la única tasa segura es 0,0".

"No solo está relacionado con una mayor accidentalidad, sino que también repercute en una mayor mortalidad, al ser un factor vinculado con un peor pronóstico en las lesiones sufridas", ha agregado el Consistorio, que ha invitado asimismo a impedir que personas que hayan bebido cojan el coche.

En 2017, 120.233 conductores estuvieron implicados en accidentes con víctimas en vías interurbanas y urbanas y se realizó prueba de alcohol al 36 por ciento de ellos. En cuanto a los resultados de las pruebas, el 26 por ciento de los conductores fallecidos tuvo resultado positivo en la prueba de alcoholemia, el 15 por ciento en el caso de los conductores heridos hospitalizados, el ocho por ciento en los conductores heridos no hospitalizados, y el siete por ciento en los conductores ilesos.

El porcentaje de conductores con prueba de alcohol positiva en vías urbanas es superior al de las vías interurbanas. En el caso de los conductores fallecidos, el hecho más destacado es que el 74 por ciento de los casos de pruebas positivas presentan una tasa superior a tres veces la tasa máxima regulada en el reglamento de circulación.

Este porcentaje es del 74 por ciento, en el caso de las vías interurbanas, y llega hasta el 75 por ciento en vías urbanas. Por su parte, el porcentaje de casos que superan la tasa establecida en el artículo 379 del Código Penal (tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro, o tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro), por encima de la cual, se está cometiendo un delito contra la seguridad vial, es de un 81 por ciento, en vías interurbanas, y de un 83% en vías urbanas.

Desde la entrada en vigor de la Ley del Permiso por Puntos, alrededor del 12 por ciento de los infractores sancionados y del 14 por ciento de los puntos detraídos han tenido su causa en el hecho de conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida. Dos de cada tres delitos cometidos contra la seguridad vial están relacionados con el alcohol.

En el marco de la actividad de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, durante 2017 se realizaron 89.812 pruebas de determinación de drogas, frente a 65.169 realizadas en 2016, lo que supone un aumento del 38 por ciento. De las 78.585 pruebas de control preventivas realizadas, el 35 por ciento resultaron positivas. Las sustancias más frecuentes son cannabis y cocaína, 61 por ciento y 47 por ciento, respectivamente, de los positivos por drogas, seguidos, con un cuatro por ciento, de los opiáceos y la anfetamina.

Respecto a las sanciones por infracciones, conducir con presencia de drogas en el organismo conlleva una sanción de 1.000 euros y seis puntos del carné de conducir. La misma sanción corresponde a más de 0,50 miligramos por litro de alcoholemia. En conductores noveles la tasa de alcoholemia que ya es causa de sanción es de 0,15 miligramos por litro.

Además, cuando las infracciones tienen carácter penal (tasas superiores a 0,60 miligramos por litro de alcoholemia, o por conducir bajo los efectos de las drogas) las penas pueden ser tres a seis meses de prisión o multa de tres a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y privación del derecho a conducir de uno hasta cuatro años.

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