La edil de Hacienda, María Hernández, ha asegurado que con esta medida "se quiere acercar aún más la administración al vecino, de tal manera que para los fuengiroleños sea mucho más fácil y cómodo recabar información sobre inmuebles".

El Punto de Información Catastral hace posible que en el propio Ayuntamiento se puedan obtener toda clase de certificaciones o realizar consultas sin tener que hacerlo a través de la Oficina Virtual del Catastro o tener que desplazarse a la Gerencia de Málaga capital. Dos funcionarios municipales están autorizados para realizar estas labores y dar información a los usuarios que lo soliciten, siempre con la documentación pertinente.

"Por ejemplo, una persona podrá conseguir información sobre el número de propiedades que tiene, la referencia catastral o incluso un certificado en el que se indique que no posee ningún inmueble. También la cartografía del inmueble que busca y dónde está situado, entre otras cuestiones", ha explicado la concejala, quien ha añadido que "se podrá obtener una u otra información teniendo en cuenta la Ley de Protección de Datos".

Al respecto, ha indicado que "hay documentación que se puede dar libremente, como es el caso de la cartografía, mientras que otros certificados más completos sólo se pueden obtener demostrando la titularidad o con una autorización debidamente cumplimentada, que se puede descargar de la web municipal". En el caso de las personas que sean herederas de una propiedad y no aparecen como tal, sí que tendrán que dirigirse a la Gerencia de Málaga para cumplimentar la tramitación.

Ha recordado que la Base de Datos Catastral no es competencia del Ayuntamiento sino que en 1999 se firmó un convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro para poder acceder a la misma en Fuengirola. Así, ha adelantado que se está a la espera de actualizar dicho acuerdo para adaptarlo al uso de las nuevas tecnologías y a los cambios legislativos sucedidos en los últimos años.

El PIC será controlado a nivel central por la Dirección del Catastro, y de hecho está previsto que se hagan auditorías periódicas para comprobar los procedimientos y ver si estos se ajustan a la normativa.