La firma, según la Consejería de Fomento, es el paso final de la correspondiente tramitación administrativa establecida en la Ley autonómica de Tanteo y Retracto en Desahucios de Viviendas, aprobada el pasado mes de mayo en el Parlamento. De esta forma, se evita que, en el caso de Santiponce, "compradores con puros intereses económicos adquieran las viviendas sin garantizar el futuro de las familias que en ellas se alojan", toda vez que estas viviendas protegidas en régimen de alquiler habían sido subastadas en favor de la sociedad privada Japp Samarfa.

La Ley de Tanteo y Retracto, en ese sentido, "reconoce" a la Administración andaluza el "derecho de compra preferente" de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria o de dación en pago, figura que "permite facilitar, mediante un alquiler social, la permanencia en sus hogares de las familias afectadas por desahucios".

LA QUIEBRA DE PROSUVISA

Para la construcción de tales viviendas protegidas, según rememoraba a Europa Press el exalcalde de Santiponce José López a finales de noviembre de 2017, la sociedad municipal Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con idea de ir amortizando paulatinamente dicha deuda, en parte con los alquileres aportados por los inquilinos.

Pero allá por 2013, las dificultades económicas de Prosuvisa motivaron un concurso de acreedores declarado como "fortuito" en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, toda vez que también ese año fue aprobado el plan de liquidación de la citada sociedad municipal, al objeto de sufragar en todo lo posible las deudas arrastradas por la misma.

Después, una subasta derivada de la liquidación de la empresa municipal se habría saldado con la adjudicación de las viviendas a la sociedad privada Japp Samarfa.

EL DERECHO DE TANTEO DE LA JUNTA

No obstante, la Junta de Andalucía contaba con un plazo de 60 días para ejercer su derecho a tanteo o retracto sobre las viviendas, extremo que reclamaban los moradores de estas VPO, bajo la premisa de que unas viviendas públicas construidas en suelo público no podían caer "en manos de una empresa privada".

Y así, el pasado 26 de julio la Junta depositaba en una notaría 780.000 euros para consumar su derecho de tanteo y hacerse con la propiedad de estas viviendas, toda vez que los inquilinos de las mismas reclaman detalles sobre el futuro de sus contratos de alquiler, en un contexto en el que muchos de ellos arrastrarían impagos.