Herranz, que ha presidido este jueves una nueva reunión de la Mesa regional de Garantías Ciudadanas, ha insistido en que el borrador de la ley está "en la fase final" para convertirse en anteproyecto de Ley y ha reiterado que llegará "perfectamente a tiempo" a las Cortes para desarrollar su trámite parlamentario antes del final de la legislatura.

La consejera ha manifestado que espera que la ley se apruebe "por unanimidad" porque es "una inversión directa en la población de Castilla-La Mancha" y va a asegurar, ha añadido, "que esta población no quiera o no necesite salir de este territorio para tener una vida digna".

En este sentido, ha comentado un informe de impacto y retorno económico de esta norma apunta a que "cada euro invertido en el sistema de garantía de ingresos repercute en la producción de esta región en 1,43 euros".

"Se trata de que hay una inversión directa en la renta de los hogares, esa inversión se va a gastar en consumo de ropa, alimentación y necesidades básicas. Es además un consumo de cercanía, genera una mayor necesidad de producción y activa sistemáticamente la economía", ha detallado.

En cuanto a la reunión de la Mesa Regional de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz ha explicado que su principal objetivo era mostrar a las asociaciones, sindicatos y entidades que la conforman cómo se han tratado algunas de las alegaciones que ellos mismos han hecho al borrador de esta normativa.

Asimismo, también ha formado parte de la reunión un informe elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) sobre el impacto de las garantías de renta en hogares con personas con discapacidad. A este respecto, ha revelado que el informe indica que el nivel de vulnerabilidad en estos casos se incrementa cuatro puntos con respecto a los hogares con bajos ingresos sin personas con discapacidad, elevándose del 16,7 por ciento al 20,9 por ciento.