El juicio que estaba previsto que comenzara este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 31 acusados por delitos continuados de falsedad documental en concurso medial con un delito continuado contra la Seguridad Social se ha suspendido después de que hayan desistido varios letrados de los acusados, fijándose como nueva fecha de celebración el mes de noviembre de 2019, un año después.

Más de medio centenar de personas, entre acusados, familiares y letrados, esperaban desde antes de las 10,00 horas de este jueves en la cuarta planta de la Audiencia de Sevilla para la celebración de este juicio, en el que la Fiscalía solicitan entre seis y dos años de prisión para los encausados, así como indemnizar de manera conjunta y solidaria a la Seguridad Social con un cantidad de más de 120.000 euros.

Si bien, el hecho de que varios abogados defensores hayan desistido de continuar con la representación procesal de algunos de los acusados en este juicio ha motivado que la vista oral, que se iba a prolongar durante varios días en el próximo mes de diciembre, haya quedado suspendido.

Antes de que los acusados se marcharan de la Audiencia han conocido la nueva fecha prevista para el inicio del juicio, el mes de noviembre de 2019, en concreto los días 5, 6, 11 y 12. El nuevo señalamiento supone que la vista oral tendrá lugar un año después, una muestra de la sobrecarga de asuntos que soportan las sesiones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla, algo que vienen denunciando desde hace meses los magistrados.

Los hechos investigados parten, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, del acusado Jesús V.F., administrador único de las empresas Inversiones Financieras Hispalenses y Azca Patrimonial, cuyo objeto social en ambas era la intermediación y gestión inmobiliaria.

Este acusado, para quien la Fiscalía solicita seis años de prisión y una multa de 120.000 euros, quien entre los años 2011 y 2013, "aprovechando la estructura creada con dichas empresas y los conocimientos que tenía sobre los procedimientos para dar de alta en la Seguridad Social a trabajadores, de forma ficticia y simulada procedió a dar de alta a 74 trabajadores en Inversiones Financieras Hispalenses".

"Ninguno de ellos realmente realizó actividad laboral alguna ni recibió salarios de la empresa, que carecía de actividad real y era una mera pantalla para conseguir altas en el sistema de la Seguridad Social, lo que permitió a muchos de estos trabajadores, en base a dicha simulación, la obtención de prestaciones de la Administración pública, como el subsidio por desempleo, la ayuda familia y otras, sin que el acusado Jesús V.F. abonara a la Seguridad Social ninguna de las cuotas generadas por dichas altas indebida", añade el Ministerio Público.

De igual forma, según recoge la Fiscalía, Jesús V.F. "dio de alta ficticiamente a 35 trabajadores en Azca Patrimonial -13 de los cuales figuraban también en Inversiones Financieras Hispalenses-, con el mismo procedimiento y las mismas consecuencias, tratándose también de una empresa sin actividad real".

CAPTABAN TRABAJADORES FICTICIOS EN EL CIS DE LA CÁRCEL DE SEVILLA

las altas en la Seguridad Social de Inversiones Financieras Hispalenses se tramitaban a través de dos gestorías y las de Azca a través de un bufete de abogados, que figuraban como 'autorizados en red' para tramitar telemáticamente las altas ficticias de los trabajadores que le comunicaba el acusado Jesús V.F., y en el caso de Inversiones Financieras en alguna ocasión por el también acusado José Guillermo S.N., que fue condenado en 2003 por un delito de falsedad de documento público, quien actuaba como abogado de esta empresa, y que "en concierto" con el administrador único de las dos sociedades "le auxiliaba en la tarea de captación de trabajadores ficticios, sobre todo en el ámbito del Centro de Inserción Social (CIS) del centro penitenciario de Sevilla".

Por su parte, la Fiscalía indica que los acusados Rafael D.Q., condenado en 2006 por un delito de falsedad de documento público; Luis Miguel C.M. y Ángel V.F. "auxiliaban igualmente en alguna ocasión a Jesús V.F. en la tarea de captación de trabajadores ficticios para las dos empresas, con pleno conocimiento del fraude urdido".

Los acusados, a cambio de las altas simuladas, "cobraban a los trabajadores ficticios cantidades que oscilaban entre los 100 y 150 euros, con pagos sucesivos cada mes que continuaba el alta, y en algún caso sin cobrar por los vínculos familiares o de amistad con alguno de los acusados, quienes para dar apariencia real a la contratación generaban documentos simulados de contratos de trabajo y de nóminas, y facilitaban los datos de los trabajadores fingidos a las gestorías 'autorizadas en red' para que éstas, sin conocimiento del fraude perpetrado, procedieran a tramitar el alta en el sistema de la Seguridad Social telemáticamente con el consiguiente apunte informático".

En su escrito, la Fiscalía precisa que los trabajadores de las dos empresas que, "con pleno conocimiento del carácter simulado de su relación laboral", obtuvieron ayudas del sistema de la Seguridad Social acusados en este caso son los que lo hicieron con fecha posterior al 17 de enero de 2013 (fecha de entrada en vigor de la reforma del Código Penal que introdujo el tipo penal del artículo 307 ter -Delito contra la Seguridad Social-).

Así, los 26 trabajadores "ficticios" acusados "defraudaron" 119.566,03 euros a la Seguridad Social en prestaciones, cobrando en algunos casos hasta más de 10.000 euros.

Por todo ello, el Ministerio Público acusa al empresario Jesús V.F. como presunto autor material del delito continuado de falsedad documental en concurso con el delito contra la Seguridad Social tipo agravado y a los restantes encausados como presuntos autores material del delito de falsedad en concurso medial con el delito contra la Seguridad Social tipo básico.

Además de los seis años de prisión para el empresario, la Fiscalía pide dos años y ocho meses de prisión para el abogado José Guillermo S.N., Rafael D.Q. y el beneficiario Fernando J.O., así como una multa de 2.160 euros. En el caso de estos tres acusados concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia en delito de falsedad documental.

Para el resto de acusados, la Fiscalía considera que procede imponer una pena de dos años de prisión y una multa de 1.800 euros. Además, la Fiscalía solicita que 26 de los acusados, en distintas cantidades hasta un total de 119.566,03 euros, indemnicen a la Seguridad Social, en todos los casos conjunta y solidariamente con el acusado Jesús V.F.