El 92% de los juicios por violencia de género celebrados en Bizkaia el pasado año concluyeron con sentencia condenatoria para el agresor (90% de los españoles y 96% de los extranjeros enjuiciados), según datos del Consejo General del Poder Judicial, recogidos por la Diputación foral de Bizkaia.

De los 524 hombres enjuiciados por violencia de género en territorio vizcaíno durante 2017, el 69% eran de nacionalidad española y el 31% de nacionalidad extranjera. Las cifras relativas a las formas de terminación de los procedimientos, muestran que tan sólo el 19% finalizó en sentencia condenatoria.

En 2017 ingresaron 371 asuntos civiles por violencia machista en los partidos judiciales de Bizkaia. Tras el incremento registrado entre 2011 y 2013, el volumen de asuntos civiles ingresados ha descendido en los últimos años. En comparación a 2016, los ingresos se mantuvieron el pasado año más o menos estables (se registran 12 casos menos). Sin embargo, respecto a 2013 el volumen de asuntos civiles ha descendido un 33%.

Un año más, sigue resultando significativamente menor la cantidad de asuntos civiles ingresados -directamente y por transformación- en los partidos judiciales que la cantidad de asuntos penales. En 2017 ingresaron 3.842 asuntos penales. Con un incremento del 7% respecto al ejercicio anterior, se registró la cifra más elevada desde 2005.

DENUNCIAS

Durante el pasado año se interpusieron 2.926 denuncias en los juzgados de Bizkaia, lo que supone ocho denuncias diarias. El grueso de las demandas (71%) fue presentado por la víctima, mayoritariamente a través de atestado policial (68%), y se incoaron un total de 473 órdenes de Protección, un 22% más que en 2016.

En 2017 se mantuvo el reparto entre órdenes adoptadas y denegadas registrado el ejercicio anterior: el 43% correspondía a las adoptadas y el 57% a las denegadas. De las 270 denegaciones, 62 fueron inadmitidas.

Una vez más, los datos relativos a las órdenes de protección incoadas muestran que es en el Partido Judicial de Barakaldo fue donde se

registró el volumen más elevado (47%), superando a Bilbao en volumen de actividad (29%).

En cuanto a las órdenes incoadas según la edad y la nacionalidad de la víctima y del denunciado, las proporciones se mantienen estables en comparación al ejercicio anterior. La diferencia más significativa la muestran los datos relativos a las órdenes de protección incoadas en función de la nacionalidad de las víctimas: respecto a 2016 el volumen de víctimas de nacionalidad española aumentó un 26%, frente al 16% de las víctimas de nacionalidad extranjera.

MUJERES ESPAÑOLAS

Entre las víctimas, la mayor parte (65%) son mujeres españolas mayores de edad. La proporción de sus homólogas extranjeras se sitúa en un 33%. La evolución de las órdenes de protección incoadas en función de la nacionalidad de las víctimas muestra un claro descenso de las mujeres españolas a lo largo del periodo 2005-2017, mientras que el número de extranjeras se mantiene más o menos estable.

En 2017 aumentaron tanto las víctimas de nacionalidad extranjera como las de nacionalidad española, siendo más pronunciado el ascenso del volumen de estas últimas.

En lo que se refiere a la relación entre víctima y denunciado, los datos muestran una diferencia de diez puntos en la distribución entre cónyuges o parejas actuales y anteriores: en el 45% de los casos la autoría de la violencia corresponde al actual cónyuge o pareja, mientras que el 55% corresponde al excónyuge o excompañero.

MENORES: MEDIDAS CAUTELARES

Respecto a la protección de menores víctimas de violencia de género, destacan las siguientes medidas cautelares civiles: la suspensión del régimen de visitas, de la patria potestad, de la guarda y custodia y la medida de protección a los menores para evitar un peligro o perjuicio.

Los datos muestran que en 2017 tan sólo se estableció una medida judicial dirigida a la protección de los menores. Esta medida, dictada en el Partido Judicial de Getxo, era parte de la orden de protección establecida a una mujer víctima y suspendía la guarda y custodia del agresor sobre sus hijos e hijas menores.

Según los datos del CGPJ, desde 2005 se han establecido 243 medidas.El 46% son relativas a la suspensión de la guarda y custodia (112); el 31% corresponde a las medidas de protección de los menores (76); la suspensión del régimen de visitas agrupa el 21% de las medidas (50); y la suspensión de la patria potestad se establece en cinco ocasiones. Por otro lado, el 93% de las medidas se dictan en el marco de una orden de protección.