Así, la portavoz de este grupo de inquilinos, Eva Querencio, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que después de que el pasado 26 de julio la Junta depositase en una notaría 780.000 euros para consumar su derecho de tanteo y hacerse con la propiedad de estas viviendas protegidas, evitando así que las mismas recayesen en el fondo de inversión Japp Samarfa, los moradores de estas VPO siguen pendientes de conocer de primera mano los pormenores de la operación.

"No sabemos nada", ha asegurado lamentando la "desinformación" e insistiendo en que los inquilinos están "a la espera" de contar con información de primera mano sobre las condiciones de los contratos de arrendamiento una vez adquiridas las viviendas por la Administración andaluza.

Es más, esta inquilina ha manifestado que a su entender, aún "no hay contrato de compraventa firmado" para que las viviendas sean plenamente propiedad de la Junta. Y es que según avisa, los inquilinos siguen pagando los alquileres "en el mismo número de cuenta" bancaria, un número perteneciente a Prosuvisa, promotora de las viviendas y declarada en concurso de acreedores.

LA COMPRA DE LAS VIVIENDAS DE VPO

Para la construcción de tales viviendas protegidas, según rememoraba a Europa Press el exalcalde de Santiponce José López (IU) a finales de noviembre de 2017, la sociedad municipal Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con idea de ir amortizando paulatinamente dicha deuda, en parte con los alquileres aportados por los inquilinos.

Pero allá por 2013, las dificultades económicas de Prosuvisa motivaron un concurso de acreedores declarado como "fortuito" en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, toda vez que también ese año fue aprobado el plan de liquidación de la citada sociedad municipal, al objeto de sufragar en todo lo posible las deudas arrastradas por la misma.

Después, una subasta derivada de la liquidación de la empresa municipal se habría saldado con la adjudicación de las viviendas a la sociedad privada Japp Samarfa.

No obstante, la Junta de Andalucía contaba con un "plazo de 60 días" para ejercer su derecho a tanteo o retracto sobre las viviendas, extremo que reclamaban los moradores de estas VPO, bajo la premisa de que unas viviendas públicas construidas en suelo público no pueden caer "en manos de una empresa privada". Y así, el pasado 26 de julio la Junta se hacía con la propiedad de estas viviendas, si bien los inquilinos reclaman detalles sobre el futuro de sus contratos de alquiler, en un contexto en el que muchos de ellos arrastrarían impagos.