En rueda de prensa, Aliaga ha presentado una proposición no de ley que su grupo va a defender en el pleno de las Cortes de Aragón, tras conocerse un primer borrador de ley de Cambio Climático que promueve el Gobierno central, según el cual no se permitirá matricular turismo y vehículos comerciales ligeros de gasolina, diésel e híbridos a partir del 2040.

El portavoz del PAR ha recordado también la frase pronunciada hace unos meses por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que "el diésel tiene los días contados", que "sorprendió" a fabricantes, proveedores, talleres de reparación y otros actores de la economía en España.

A esto se suma, ha continuado, que el Gobierno central "está estudiando un impuesto al diésel", algo que "nos preocupa porque hemos visto los efectos que ha tenido en Aragón el impuesto a los hidrocarburos, con pérdida de venta de combustibles por el efecto frontera", ha detallado.

Según Aliaga, tanto los grandes consumidores de diésel, como empresas de transporte o aquellas que usan los vehículos como medio fundamental para su actividad, así como quien posee furgonetas para la distribución de paquetería "están muy molestos con estas medidas".

Asimismo, ha indicado que de los 23 millones de vehículos que circulan en España, más del 50 por ciento son de gasóleo y en Aragón de los 607.904 coches matriculados, 352.848, el 58 por ciento, son diésel.

Además, Aliaga ha explicado que en los sucesivos planes para incentivar la renovación del parque del automóvil en España "se ha primado la matriculación de vehículos diésel con menos emisiones" después de que la industria "haya hecho un gran esfuerzo en Investigación, Desarrollo e innovación y grandes inversiones para adaptarse a las exigentes normativas europea para hacer vehículos menos contaminantes".

MEDIDAS PACTADAS

El portavoz del PAR ha recordado que en España hay 17 plantas de fabricantes de vehículos y por eso, si bien se ha mostrado partidario de reducir las emisiones de CO2, ha esgrimido para eso hay que "trazar una senda" con medidas "que no han de ser bruscas, sino pactadas con los sectores afectados".

Arturo Aliaga ha sostenido que "hay muchas cuestiones que el Gobierno debería tener en cuenta" y en esta línea ha presentado su iniciativa, que insta al Ejecutivo autonómico ha dirigirse al de España para mostrar la "inmensa preocupación que han provocado las diferentes medidas anunciadas en relación con los vehículos diésel".

Además, solicita "neutralidad tecnológica" al Gobierno de la nación, que "no puede primar unas tecnologías frente a otras", ha dicho Aliaga, ya que el mercado y los fabricantes son los primeros que van a cumplir las normativas europeas, como lo demuestra que se hayan logrado emisiones de CO2 menores en el diésel que en gasolina, mientras que en el resto de contaminantes los niveles son equiparables.

El PAR también ha apostado por establecer un calendario para la descarbonización del sector de la automoción que vaya acompañado de un plan para la renovación del parque móvil en España, que permita acceder a un sistema más sostenible sin perjudicar a los productores, trabajadores y usuarios.

Este grupo parlamentario propondrá que ese plan se haga conjuntamente con todas las partes implicadas, como el sector de la automoción, el de bienes de equipo, los concesionarios, los autónomos, pymes y talleres para "evitar brusquedades y establecer un calendario concreto de actuaciones para una transición adecuada que no perjudique los planes de inversión y empleo del sector".

El también presidente del Partido Aragonés ha considerado que "no se puede lanzar al aire un plan para el fin de los vehículos que usan combustibles fósiles sin hablar con los sectores afectados" ya que esto "ha provocado gran convulsión en el mercado", los concesionarios "han visto disminuidas las ventas de estos vehículos", cuando el desarrollo de nuevos motores "tarda años" y se pueden perjudicar inversiones y puestos de trabajo.

Aliaga ha opinado que ha de fijarse un calendario partiendo de cuál es el parque de vehículos actual, cuál es la situación de los talleres, que han incorporado equipos nuevos de medida de diésel, y cómo se encuentran las flotas de vehículos para alquiler, de vehículos industriales y de autobuses, determinando un horizonte temporal que permita que "haya predictividad en la industria".

FISCALIDAD VERDE

Por otra parte, el PAR defenderá en su iniciativa un nuevo modelo de fiscalidad verde "integrada" que impulse la renovación del parque "hacia vehículos con bajas y cero emisiones, manteniendo la recaudación de las Administraciones públicas" y que se base exclusivamente "en el uso" y con fines medioambientales "considerando tanto el problema de la calidad del aire, como el del calentamiento global" del Planeta.

Este partido contempla en su propuesta que en el caso de que se "impusiera finalmente una nueva fiscalidad al diésel se tenga en cuenta la exclusión de la misma de los profesionales, empresas y actividades cuyo impacto pueda afectar de manera directa a su competitividad".

Además, sostiene que puesto que en la Comunidad ya existe un impuesto a dicho carburante, el Gobierno de Aragón debería revisarlo, modificarlo o suprimirlo, "para que los aragoneses no paguen más que el resto de españoles".

Aliaga ha explicado que "no estamos en contra de una fiscalidad verde", pero ha esgrimido que esta ha de estar integrada en el conjunto de medidas del sector "para que este sepa a donde va con claridad" ya que esto también afecta a las cuentas de resultados y a la competitividad de las empresas.

Por ejemplo, en España, el 94 por ciento del transporte de mercancías se realiza por carretera mediante vehículos con motores diésel de forma que incrementar los costes podría suponer un incremento en los precios al consumo final.

El portavoz del PAR ha concluido al señalar que este es un asunto "complejo" en el que "no se pueden tomar decisiones de calado sin un calendario de trabajo pactado con el propio sector".