El Consello de la Xunta aprobó ayer el proyecto de Lei de Medidas Urxentes, que obligará a reservar un 40% del suelo para vivienda protegida a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y un 30% a los municipios de menos población (que se podrá reducir). Pero la norma exime a los de menos de 5.000 habitantes, lo que supone el 62% de todos los municipios de Galicia. Además, la norma pretende que los pisos de protección no se concentren, para evitar zonas marginales, y los ayuntamientos podrán exigir su edificación forzosa si la obra se retrasa dos años.