La Delegación del Gobierno reconoce que las miles de cámaras que hay en las fachadas de edificios oficiales, bancos, empresas o centros comerciales «no están registradas ni contabilizadas», ya que no hay norma que lo exija.

En la región están las sedes de 16 ministerios, una docena de consejerías y muchas otras instituciones, todos protegidos por videovigilancia.

El Metro tendrá en pocos años más de 5.000 cámaras. Las estaciones de Cercanías cuentan con sistemas similares. El Ayuntamiento de Madrid dispone de 90 aparatos en las principales calles y avenidas para controlar la circulación, al igual que la Dirección General de Tráfico en las autovías.

Comercios y oficinas bancarias adornan sus fachadas y zonas comunes con estos dispositivos, que también están en aparcamientos subterráneos, urbanizaciones privadas o, incluso, en instalaciones deportivas.

Sólo un tercio de la población acepta con agrado estos sistemas de vigilancia, según una encuesta realizada por ADP, empresa líder en el sector. ¿Está en riesgo la intimidad del ciudadano o mejora su seguridad?

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