Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Pilar Costa, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

La adaptación resolverá diferencias relativas a la formación de la persona habilitada para ejercer la mediación en Baleares, con el fin de garantizar a la población y a los mediadores las mismas garantías, condiciones y requisitos que los establecidos en la normativa estatal.

Por otra parte, se incorpora el deber de la Administración de la Comunidad Autónoma de garantizar un servicio público de mediación familiar gratuito derivado del sistema judicial.