El exregidor se enfrenta a delitos de malversación de caudales y prevaricación. Delitos a los que se suma la otra acusada, G.L.S., que también se enfrenta a falsedad en documento oficial y estafa en grado de tentativa.

Según el escrito de conclusiones provisionales, ambos acusados actuaron "previo concierto entre ellos y con ánimo defraudatorio". Así, en 2006, Cuesta autorizó a la entonces secretaria interina del Ayuntamiento a que realizase un máster en planeamiento y gestión urbanística, impartido por ICADE, en la sede madrileña de la Universidad de Comillas. Su importe ascendía a 10.700 euros que fueron abonados con cargo a los presupuestos municipales, sin que el gasto fuera autorizado por el Pleno.

Igualmente, la Fiscalía señala que, en marzo de 2007, sin expediente técnico que acreditara la necesidad de creación de una plaza de técnico urbanista en ese Consistorio sin que fuera aprobado por el Pleno y sin dotación presupuestaria, ambos decidieron crear esa plaza para que la acusada la ocupara.

Algo que llevaron a cabo "al margen de todo procedimiento administrativo" y tras prescindir de los requisitos legales. Además, simularon que la plaza había sido creada por el Pleno, en su sesión del 20 de marzo de 2007. Pese a ser "falso", la secretaria y acusada remitió una resolución firmada por el otro acusado al Boletín Oficial del Estado (BOE), al Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y al Boletín Oficial de la Provincia (BOP). En ella se reflejaba la convocatoria de un concurso oposición para a contratación laboral indefinida de una plaza de técnico urbanista, que fue publicada en esos boletines.

Al proceso se presentaron diversas personas, entre ellas G.L.S. El alcalde designó a los miembros del tribunal para un proceso al que no se dio publicidad, según el Ministerio Público. Cuesta solicitó al Colegio de Secretarios de Ayuntamiento la designación de un secretario, por incompatibilidad de quien entonces ocupaba ese cargo.

Ese órgano, al detectar las ilegalidades de la convocatoria, decide por unanimidad poner los hechos en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno y de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Pese a se advertido, Cuesta manifestó que el Consistorio tenía "potestad" para crear y cubrir sus plazas de la manera "que estime conveniente", según agrega el escrito.

La acusada aprobó la oposición el 14 de noviembre de 2008. Fue quien más puntuación obtuvo, dado que las bases valoraban a quien hubiera "desempeñado funciones públicas". El 22 de diciembre de 2008, G.L.S. Solicitó la excedencia voluntaria en la plaza de técnico urbanista, que le fue concedida, pese a no haber existido nunca contrato laboral entre ella y el Consistorio.

Posteriormente, en los presupuestos municipales de 2009, la acusada hizo constar "a mano" que existía una plaza de técnico urbanista, "a sabiendas de su inveracidad" y remitió una copia a la Delegación de Hacienda y a la Delegación Territorial de la Junta, en la que sin embargo no constaba dicha plaza.

En la relación correspondiente a 2010, hizo constar la misma plaza en el original que conservó el Ayuntamiento, sin que los testimonios o copias que presentó ante las delegaciones mencionadas la reflejasen. Una actuación que repitió en 2011. Según la Fiscalía, "no resulta acreditado" que Pedro Luis Cuesta conociera esa alteración manual, puesto que se hizo con posterioridad a la firma del Alcalde.

Una vez que el acusado había cesado como regidor, al igual que la acusada, el siguiente presidente de la Corporación, Javier García (PP) elevó consulta al Consejo Consultivo de Castilla y León, para la revisión de oficio de la plaza de técnico urbanista. Ese órgano señalo "procedente" acordar la nulidad de la plaza, lo que se hizo. Además, el Pleno municipal acordó la nulidad de la concesión de la excedencia ala acusada.

El 26 de abril de 2012, al tomar posesión de la plaza de secretario del Ayuntamiento un titular, G.L.S cesó como secretaria interina, lo que se publicó el 9 de abril. Ese día, la acusada solicitó su reincorporación a la plaza de técnico urbanista, que fue denegada por un decreto de Alcaldía.

Entonces, G.L.S. interpuso demanda ante el juzgado contencioso-administrativo. Entre otros documentos, aportó una "supuesta providencia de la Alcaldía falaz", en la que constaba que el Pleno municipal había aprobado la convocatoria para cubrir una plaza de técnico urbanista.

Con todo ello, la Fiscalía pide cuatro años de prisión para el exalcalde, por malversación de caudales, con inhabilitación para cargo o empleo público, argumentado también en un presunto delito de prevaricación.

Misma petición para la otra acusada, a lo que se añaden otros cuatro años de cárcel por un delito de falsedad, con quince meses de multa diaria de 20 euros o un día de prisión por cada dos cuotas impagadas. Y por una supuesta estafa procesal, otros tres años de cárcel, con nueve meses de multa diaria de 20 euros. Igualmente, G.LS. debería indemnizar al Ayuntamiento de Hontanares de Eresma con 10.700 euros, más intereses.

El juicio está previsto en la Audiencia Provincial, para el día 20 de noviembre y se prevé la declaración de seis testigos.

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